La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès y a uno a tres exdirectivos, al considerar que, aunque su conducta fue "maliciosa e insidiosa", han reparado el daño que hicieron al devolver los 28,6 millones en pensiones que cobraron de manera irregular.

El juez central de lo penal José María Vázquez Honrubia ha adelantado así su fallo después de que Pagès, Joan Caellas, Santiago Abella y Manuel Troyano hayan reconocido los hechos y hayan anunciado que han procedido al reintegro de las cantidades percibidas y pendientes de cobro.

Es realmente anómalo que en este tipo de delitos se repare el dañoVázquez Honrubia ha tomado esta decisión en contra del criterio del fiscal, que ha mantenido su pena de prisión de 3,5 años para Pagès y de 3 años para los otros tres acusados porque su reconocimiento demuestra que "la Fiscalía tenía razón", y que engrosaron sus pensiones contratando pólizas de seguros a espaldas de los órganos de administración y control de la caja

Pese a que su conducta ha sido "maliciosa e insidiosa" y por "una serie de procedimientos engañosos" y "burlando" los controles de los órganos de la entidad, y los cuatro exbanqueros antepusieron sus intereses "en perjuicio de la sociedad", el juez ha considerado que concurre una atenuante de reparación del daño y reconocimiento de los hechos. Los han reconocido este jueves, pues durante el juicio defendieron la legalidad de las pensiones que se adjudicaron.

De esta forma, les ha condenado solo por un delito de administración desleal y no apropiación indebida como pedía el fiscal. "Se restaura el orden jurídico y se compensa a la víctima, por lo tanto se han sometido a la ley y al derecho y esto tiene que tener su traducción en una reducción de la pena impuesta", ha estimado el magistrado, que ha añadido que concurre una atenuante muy cualificada porque "es realmente anómalo que en este tipo de delitos se repare el daño".

El abogado de BMN asegura que es un "gran día para la administración de Justicia"El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled se ha congratulado de que Ricard Pagès, Santiago Abella, Joan Caellas y Manuel Troyano hayan reconocido los hechos y hayan procedido al reintegro de 28,6 millones de los 31,6 que se adjudicaron en pensiones, lo cual no ha evitado que mantuviera sus penas de cárcel, a las que se había adherido también la acusación ejercida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Sin embargo, el abogado del Grupo BMN —en la que se integró Caixa Penedès— ha decidido modificar sus conclusiones y ha rebajado su petición de cárcel a dos años a Pagès y de uno para el resto como colaboradores necesarios, al mismo tiempo que ha mostrado su "satisfacción porque se hayan podido reconocer los hechos" y "devolver al contribuyente lo que era suyo" en lo que ha calificado de un "gran día para la administración de Justicia".

Primera sentencia

El de Caixa Penedès ha sido el primer juicio contra exdirectivos de cajas de ahorros en la Audiencia Nacional pero no será el último. En los próximos meses, juzgará a los antiguos responsables de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Novacaixagalicia por irregularidades en su gestión.

El juez Javier Gómez Bermúdez dictó el pasado 18 de febrero la apertura de juicio oral contra el exdirector general de la CAM Roberto López Abad y el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por fomentar el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de préstamos irregulares. Asimismo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, envió a juicio a cinco exdirectivos, entre los que se encuentra su expresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente indebido de casi 19 millones en prejubilaciones.

Todos estos imputados constituyen solo un pequeño porcentaje de los más de un centenar de banqueros imputados por los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, donde se investiga la gestión que hizo la cúpula del Banco de Valencia, la de Caja Castilla La Mancha y Banca Cívica, a las que se ha unido la de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja realizada por el instructor del 'caso Bankia', Fernando Andreu.

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