La Audiencia Nacional celebra desde este lunes su primer juicio contra exdirectivos de cajas de ahorros. En el banquillo de los acusados se sientan el exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès Font y los exdirectivos Manuel Troyano Molina, Santiago José Abella Rodríguez y Juan Caellas Fernández acusados de adjudicarse planes de pensiones de forma irregular.

La Fiscalía Anticorrupción pide tres años y medio de prisión para Pagès Font y tres años para Troyano, Abella Rodríguez y Caellas. El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que los cuatro, junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, se otorgaron de manera irregular 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas, lo que supone un delito societario continuado de administración desleal.

El Ministerio Público asegura que todos ellos actuaron desde 2001 "de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados".

En total, reclama a los acusados que indemnicen conjunta y solidariamente a la caja de ahorros con 12,6 millones correspondientes a las pólizas cobradas por Pagès y Abella, a los que habría que sumar las retribuciones irregulares fijadas desde 2010 y que se determinarán en sentencia. Los herederos de Jorba deberán devolver más de 2,5 millones.

Para el fiscal, Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad" pensada "para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo". Desde 2001, los exdirectivos "se autoconcedieron" derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran el banco.

Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

Anticorrupción asegura que, en 2009, la "placidez derivada del colchón económico que los acusados se habían autoconcedido se vio perturbada por la crisis económica" y el proceso de reestructuración del sistema financiero español, que dio lugar a restricciones normativas y al endurecimiento de los controles administrativos.

En el caso de Caixa Penedès, a esto se unió que en 2010 la entidad se fusionó a Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra Caja de Baleares, lo que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN) que recibió ayudas por un importe 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Ante el riesgo de perder los beneficios económicos que se habían adjudicado, "los acusados reaccionaron apresuradamente" y buscaron una cobertura formal con la que justificar sus derechos económicos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas. Así, reunieron a la Comisión de Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva, "controladas de hecho por los acusados Pagès y Caellas", y formalizaron la modificación de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios.

El primero en declarar ha sido el exdirector adjunto de Caixa Penedès Santiago José Abella, quien ha defendido la legalidad de las pensiones millonarias que percibió la excúpula de la entidad porque estaban fijadas por contrato y que se contrataron pólizas de seguros para evitar que se les "discriminara" con respecto al resto de trabajadores.

Según ha explicado, firmó un contrato de alta dirección con Caixa Penedès en 1996, en el que se establecía una cláusula que le concedía el derecho a una prejubilación vitalicia a partir de los 60 años equivalente al 90% de su retribución, que no ha especificado.

Fue el 4 de enero de 2006, ya cumplidos los 61 años, cuando causó baja en la caja, una decisión que trasladó a todo los órganos correspondientes y que, por lo tanto, era "pública y notoria", tanto que sus compañeros de la dirección le "agasajaron" con una comida de despedida en un restaurante de Barcelona.

Un día después, Abella, que ha declarado haber estado "felizmente jubilado" todos estos años, firmó un convenio específico con la Seguridad Social por el que seguiría tributando hasta los 65 años y asegurarse así la jubilación máxima, que se descontaría cuando cumpliera esta edad de lo que percibía de Caixa Penedès.

A preguntas del fiscal, ha explicado que se contrató a una empresa asesora para negociar la externalización de las pensiones de, en un principio, los trabajadores de relación laboral común de la caja, aunque luego se aplicó a la directiva. En enero de 2001, el Consejo de Administración de Caixa Penedès estableció que se crease un fondo de pensiones con el "salario pensionable" de los empleados y que todos los excesos que, por razones fiscales, no cupiesen en el mismo, pasaran a una póliza de seguros —con las compañías Axa y Zurich—, todo ello sin que la caja tuviera que hacer dotaciones específicas.

Abella, que llegó a percibir 1,89 millones de prejubilación, ha insistido en que "el personal laboral común cobraba del fondo de pensiones y de la póliza", por lo que si no se hubieran consolidado los derechos de los directivos, habría personas en la caja con todos los derechos cubiertos y otros, ellos cuatro, con solo un trozo, lo que hubiera supuesto una "discriminación".

Pagès, que ocupó su cargo hasta mayo de 2011, aseguró que el contrato de dirección que firmaron con el visto bueno de la comisión ejecutiva y el Consejo de Administración contenía ya las condiciones que se plasmaron en los fondos de pensiones de la entidad y en las pólizas de seguros suscritas durante el proceso de externalización de esas retribuciones. A ello ha añadido que las operaciones las revisaba periódicamente la auditora Deloitte, que nunca detectó "que se hiciera nada de forma incorrecta", y también el Banco de España.

Ha destacado además que él cumplió los 60 años en 2007, y que a partir de ese momento la Caja no hizo ninguna aportación al fondo de pensiones por él, sino que la propia entidad percibió 1,3 millones por las condiciones establecidas en el contrato. Ricard Pagès ha asegurado que "jamás" habría hecho uso de una las cláusulas que le hubieran permitido cobrar su prejubilación en el caso de que abandonara la Caja.

"La Caixa del Penedès era mi vida y yo le dedicaba todo mi esfuerzo. No lo hubiera hecho, jamás he intentado perjudicar a la Caja y mi actuación siempre ha sido de total honestidad", ha puntualizado el exbanquero, que con las pólizas se adjudicó 11,6 millones, de los que llegó a percibir 10,76 millones. En todo caso, Pagès, que continuamente ha apelado a su mala memoria para las fechas y los nombres de las personas, ha señalado que ninguno de los acusados tenía experiencia "en hacer seguros de este tipo".

Antes del interrogatorio, sus abogados han pedido la nulidad del juicio alegando que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para enjuiciar a sus clientes, una solicitud que ha sido desestimada por el juez central de lo penal, José María Vázquez Honrubia.

Por su parte, el exdirector general de Caixa Penedès Joan Caellas ha afirmado que él disfrutaba de las mismas condiciones que "cualquier trabajador" de la entidad en cuanto a las prestaciones que recibiría en el caso de ser despedido o en concepto de jubilación anticipada.

Tal como han hecho el resto de exdirectivos que han declarado como imputados, Caellas ha defendido la legalidad de las cláusulas y pólizas que cubrían la excúpula de la entidad.

A preguntas de la fiscalía, ha asegurado que las prestaciones de jubilación contratadas a través de seguros con las compañías Axa y Zurich sólo se aplicaban en concepto de jubilación anticipada y no afectaban "para nada" a las arcas de la entidad.

El de Caixa Penedès es el primer juicio contra exdirectivos de cajas de ahorros en la Audiencia Nacional y no será el último. En los próximos meses a los antiguos responsables de otras dos de la cajas investigadas por irregularidades en su gestión después de que los jueces encargados de la instrucción hayan decretado la apertura de juicio oral contra los antiguos responsables de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Novacaixagalicia.

El juez Javier Gómez Bermúdez dictó el pasado 18 de febrero la apertura de juicio oral contra el exdirector general de la CAM Roberto López Abad y el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por fomentar el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de préstamos irregulares.

En cuanto a Novacaixagalicia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, también ha dado el primer paso para juzgar a cinco exdirectivos, entre los que se encuentra su expresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente indebido de casi 19 millones en prejubilaciones.