La Guardia Civil ha detenido este lunes a nueve personas, entre ellas un responsable de obras de Adif y el director de la línea de Alta Velocidad noreste, acusados de falsear mediciones en obras del AVE entre Madrid y Barcelona para generar un sobreprecio y ganar ilícitamente unos 6 millones de euros.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, entre los detenidos en la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, figuran un responsable de obras de Adif, Jaime G.G., que tenía a su cargo las obras bajo sospecha, y el director de la línea de alta velocidad en la zona noreste, Rafael R., además del delegado en Barcelona de la adjudicataria, Corsán, Marino V.

En la operación, que parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción de enero pasado, se investiga si directivos de la contratista Corsán se concertaron con cualificados funcionarios públicos del gestor de infraestructuras Adif, que se encargaban de las obras, así como con técnicos externos, para beneficiar económicamente a la sociedad en perjuicio de los fondos públicos.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los detenidos —cinco en Madrid y cuatro en Barcelona—alteraron de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos realizados en las obras, falsearon posteriormente las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflaron el desvío en la certificación final para dar justificación aparente a más trabajos de los que realmente habían efectuado.

Con este mecanismo, Anticorrupción estima que los detenidos generaron un sobreprecio ilícito en beneficio de la contratista Isolux Corsán de unos 6 millones de euros. Además, también se investiga si los funcionarios de Adif implicados podrían haber recibido contraprestaciones económicas por su conducta ilícita.

Por este motivo, los detenidos están acusados, entre otros, de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental. También se investiga si la propia adjudicación de la obra al grupo Isolux Corsán —que este lunes ha ofrecido su "total colaboración" con la justicia— pudo presentar irregularidades.

En marzo de 2008, la contratista Corsan Corviam, ahora integrada en Isolux Corsán, se adjudicó en concurso público las obras del AVE en el tramo entre la futura estación de La Sagrera y el Nudo de la Trinidad por un importe de 67,9 millones de euros frente a los 98,6 millones de euros presupuestados.

En la operación, se han practicado en total once registros: seis en distintas sedes de Corsán en Barcelona y Madrid, de la consultora técnica externa que asiste a la dirección de obra y de Adif, en Barcelona y Madrid, así como en cinco domicilios particulares de los principales implicados.

En los registros, en los que se ha intervenido abundante documentación, los agentes han buscado archivos en los que supuestamente se prepararon los artificios para falsear las mediciones técnicas y posteriormente disimular esta alteración. También se han buscado los documentos oficiales en los que se plasman estos proyectos, que tendrían que haber elaborado los funcionarios de Adif imputados, ante la sospecha de la fiscalía de que no se incorporaron al expediente administrativo de las obras, que ya se halla en fase de liquidación final.

Además, los agentes han buscado documentos que puedan revelar las posibles dádivas económicas en favor de los funcionarios de Adif, para sumarlos a los que ya obran en la causa, que está bajo secreto del sumario.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que su departamento colaborará con la administración de Justicia "dando toda la información", mientras que Adif ha apuntado que colabora, desde junio del pasado año, con la investigación judicial abierta, ya que son los primeros interesados "en su esclarecimiento".

Adif ha suspendido de forma provisional de sus responsabilidades y funciones a los empleados detenidos.Fuentes del Ministerio de Fomento han señalado que esta suspensión, que se produce siguiendo las instrucciones de la ministra, se prolongará "hasta que se esclarezcan los hechos".

Estas mismas fuentes añaden que "sin perjuicio de la presunción de inocencia, el Ministerio de Fomento considera que lo más adecuado en este caso, dada la gravedad de los hechos investigados, es apartarlos de sus responsabilidades y funciones en Adif".