La nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, tomará desde ahora las riendas de un departamento que tiene, entre sus retos más inmediatos en cuestiones agrarias, la aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), la consulta sobre la representatividad agraria o el impacto de la reforma energética prevista por el Gobierno en las tarifas del regadío o la cogeneración.

En el ámbito medioambiental, las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, la Ley de Montes o la Ley de Parques Nacionales son la herencia más controvertida que le ha endosado Miguel Arias Cañete y que García Tejerina deberá solucionar. El vuelco legislativo dado por Cañete a estas normas medioambientales ha puesto en "pie de guerra" a los partidos de izquierda y las organizaciones ecologistas que le reprochan la "devaluación y mercantilización" del medio natural y consideran que hay que "desandar el camino".

La reforma de la PAC, aprobada por los organismos de la UE en 2013, no entrará en vigor hasta 2015. Gobierno y Comunidades Autónomas deben acordar aún la distribución nacional de las ayudas y la puesta en marcha de la reforma.

Como secretaria general de Agricultura, García Tejerina ha participado activamente  en lo que va de legislatura en la negociación de esta reforma y su implantación en España y ha sido interlocutora en innumerables reuniones, encuentros y negociaciones con todos los agentes de la cadena agroalimentaria, desde las organizaciones agrarias a la industria y la distribución, y otros agentes del sector.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reclama a la nueva ministra una verdadera priorización de los apoyos hacia el agricultor activo profesional para que las ayudas reviertan en beneficios para el empleo, el medio rural, la innovación y el bienestar social.

Sin embargo, las ONG medioambientales critican que en esta reforma, la nueva ministra ha adolecido de tener en cuenta los criterios ambientales y ha seguido la línea "más productivista frente a la medioambiental", ha manifestado el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura.

Son la "patata caliente" que le ha dejado Miguel Arias Cañete a García Tejerina. La evaluación ambiental de las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo han provocado un fuerte rechazo por parte de ONG, partidos políticos, y gobiernos locales y autonómicos afectados, desde Canarias a Valencia, a pesar de la promesa de que los informes se resolverán con el "máximo rigor" científico-técnico.

Las principales ONG no dudan en apuntar que este tema será la "prueba de fuego" a la que se tendrá que enfrentar la sucesora de Arias Cañete. Otros temas polémicos también relacionados se refieren a la regulación o no del fracking, técnica de extracción del gas del subsuelo, y las evaluaciones medioambientales de las que también están pendientes algunas grandes infraestructuras viarias.

El desafío del agua y el logro de un Pacto Nacional sobre este bien, tan escaso como disputado, es otro de los retos a los que deberá hacer frente García Tejerina. La nueva titular del departamento se enfrenta a una planificación hidrológica construida con unos acuerdos "endebles" que abrirán de nuevo las guerras territoriales si se destapa la caja de los trasvases, a juicio de Theo Oberhuber, coordinador de proyectos de Ecologistas en Acción.

Tejerina se encontrará con "mucho camino" recorrido y su labor estará muy centrada en intentar rematar con éxito acuerdos o reglamentos de leyes ya aprobadas o en trámite parlamentario.

Así, y entre otros, queda abierto el reglamento de la polémica Ley de Costas —con varios recursos abiertos ante el Tribunal Constitucional—, que atraviesa actualmente la fase de información pública, y en materia de agua unas negociaciones en curso con la Generalitat de Cataluña sobre el caudal ecológico que debe tener el Ebro.

Otro tema importante, en fase de anteproyecto, que la nueva ministra deberá tratar con cuidado, puesto que es un tema controvertido y criticado por  sindicatos agrarios como Asaja o asociaciones medioambientales como Ecologistas en Acción.

Esta ONG se muestra escéptica frente a la sensibilidad ambiental de la nueva titular de Agricultura y Medio Ambiente, y rechazan el proyecto de reforma de la Ley de Montes porque consideran que es "tremendamente negativo" porque supone una vuelta al bosque como "infraestructura verde". En el caso de Asaja, este sindicato considera que algunos de los puntos contemplados en la nueva norma podrán derivar en mayores controles y sanciones contra la actividad agraria.

Entre otros aspectos, esta Ley de Montes abre la puerta a las construcciones públicas en montes quemados por un incendio. El propio Arias Cañete descartó que se puedan hacer urbanizaciones o un campo de golf, pero sí "otro tipo de posibles utilizaciones" de interés general y social declarados por ley, como por ejemplo un hospital o un centro penitenciario "o cualquier obra de interés social".

La Ley de Parques Nacionales, que podría abrir Guadarrama al vuelo sin motor y Monfragüe a la navegación, tiene que pasar ahora el trámite parlamentario. Las ONG ya mostraron desde un primer momento su "preocupación" ante la posibilidad de que se pueda "urbanizar y edificar" en el interior de los Parques Nacionales.

La nueva titular deberá hacer frente no sólo a la oposición de las ONG en este tema, sino también al Consejo de Estado, que el pasado enero recomendó al Gobierno reconsiderar el proyecto de Ley de Parques Nacionales por albergar dudas sobre su constitucionalidad. Entre otras cosas, esta norma permitirá "excepcionalmente" el turismo en parques nacionales y amplía las competencias del Estado dentro de los parques para casos de catástrofe o situaciones extremas que pueden poner en peligro sus valores ecológicos, como puede ser un incendio forestal.

Tejerina deberá abordar el desarrollo de esta ley, que supone la puesta en marcha del modelo de regulación y autorregulación en las relaciones comerciales de los distintos agentes de la cadena alimentaria para evitar desequilibrios entre ellos. Esta ley incluye la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios y del Observatorio de la Cadena Alimentaria.

COAG considera esta ley una "oportunidad única para conseguir una mayor transparencia y seguridad jurídica en la cadena", pero aunque se muestran convencidos de que evitará algunos abusos comerciales, su mayor preocupación "como agricultores y ganaderos" es que "el precio ni se garantiza ni se soluciona con esta ley". Esta coordinadora ve necesario "extender la obligatoriedad de contratos escritos a todos los agentes, prohibir la venta a pérdidas y establecer un régimen sancionador eficaz".

El proyecto de ley de representatividad del sector agrario y la creación del Consejo Asesor Agrario, aprobado en enero por el Consejo de Ministros, regula el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y en el ámbito estatal.

En el marco de esta ley, Tejerina ostentará también la presidencia del nuevo Consejo Agrario, que sustituirá al actual Comité Asesor Agrario, compuesto por diez consejeros nombrados por el ministro de Agricultura. Dicho órgano tendrá entre otras funciones la de informar sobre los proyectos normativos del Departamento en materia de agricultura y desarrollo rural que sean sometidos a su consideración, así como conocer e informar sobre las medidas de política agrícola común y estatal y sobre la evolución de la situación social y económica del sector agrario, formulando recomendaciones para la adopción de aquellas medidas que se consideren necesarias para la mejora de la calidad de vida del sector agrario.

Otro de los frentes abiertos para Tejerina, y muy criticado desde asociaciones como COAG por "los drásticos recortes presupuestarios" del ministerio —la aportación estatal se ha reducido del 50% al 30%— y las Comunidades Autónomas, "ya que pueden poner en peligro los fondos de Bruselas ante los problemas de cofinanciación de los programas de Desarrollo Rural".

"Por este problema, en 2012 ya se perdieron 70 millones de euros y, a falta de conocer los datos definitivos, en 2013 el Comisario Ciolos ya avisó a Arias Cañete que se podrían perder incluso más", denuncian desde COAG.

COAG demanda a Tejerina que lidere "un frente común del sector para evitar una subida del IVA en productos básicos y en los principales inptus agrarios y bloquear la propuesta de eliminación del régimen de módulos de cotización". Además, deberá negociar un paquete de medidas para mitigar el impacto de la subida de los costes de producción en la rentabilidad de las explotaciones.

También hacen referencia a la "espectacular" subida de precio de las tarifas eléctricas para riego. "Desde que en el año 2008 el Gobierno suprimió la tarifa eléctrica de riego, los agricultores de regadío han soportado incrementos de coste eléctrico por encima del 120%", se ha lamentado COAG. "El coste eléctrico ha pasado a ser la primera preocupación de las explotaciones de regadío, a pesar de que su consumo es totalmente estacional o de temporada. Desde hace años estamos denunciando la injusta situación que supone tener que abonar el término de potencia de la tarifa eléctrica durante los 12 meses del año, cuando se utiliza exclusivamente en contadas ocasiones", han reclamado.

Tanto COAG como Asaja consideran como reto para Tejerina las negociaciones de la UE con otros países (como por ejemplo Marruecos) en materia agraria. La nueva ministra de Agricultura deberá exigir la aplicación del principio de preferencia comunitaria y el reforzamiento de los controles en frontera para que se cumplan los términos de los acuerdos de libre comercio negociados por Bruselas, ha opinado COAG.

En este sentido, COAG destaca que en los próximos meses "habrá que seguir muy cerca la ronda de negociaciones del Acuerdo Transatlántico de libre comercio EE UU-UE por las posibles amenazas para nuestro modelo de agricultura: una laxa legislación norteamericana sobre cultivos transgénicos, carne hormonada, productos clonados, y normativa higiénico-sanitaria, muy alejada de los estrictos estándares de calidad y seguridad europeos, sometidos a negociación durante el proceso abierto", concluyen.