La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios (iCmedia) ha denunciado la escasa información facilitada a los ciudadanos sobre el próximo cierre de nueve canales de televisión de TDT en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo (TS). Ante la "inminente" ejecución por parte del Ministerio de Industria de la sentencia del Supremo que obliga a suprimir esos nueve canales, iCmedia ha expresado en un comunicado su preocupación sobre el futuro de la TDT.

Esta federación ha reclamado a los organismos públicos "mayor transparencia e información al usuario" con el fin de aclarar si la televisión gratuita en España supondrá "nuevos costes para los ciudadanos" y si los cambios implicarán "reducción de canales y de franjas liberadas para el entorno audiovisual".

Además, ha considerado que en la supresión de canales no se ha tenido en cuenta el interés general de los usuarios, algo que ha echado también en falta en el proceso de adjudicación de licencias para poner en marcha dichos canales, en el modo de devolver las licencias y en la reordenación de las frecuencias disponibles.

Productoras Asociadas de Televisión de España (PATE) ha manifestado su "profunda preocupación" por la gravedad que supone el cierre y ha considerado que las cadenas televisivas no pueden ser "las que paguen el error" de una actuación "equívoca" de la Administración.

Por ello, entiende la asociación, es el Gobierno el que debe solucionar el problema y "tomar una actitud proactiva ante este hecho" porque las televisiones "solo actuaron y cumplieron las normas establecidas", tal y como señala la sentencia del Tribunal Supremo que anula la asignación de un múltiple digital a cada una de las concesionarias del TDT nacional.

Subraya PATE que pese a que los canales que desaparecerán son "incipientes", su desaparición impide la posibilidad de generar contenidos para los mismos y, por lo tanto, puestos de trabajo en la industria audiovisual, en la que además se van a destruir. Asimismo, considera que los espectadores serán los que también sufran esta medida, ya que el cierre de estos canales de televisión va a reducir significativamente la oferta televisiva actual.

Este cierre supone además para el sector una inseguridad jurídica que genera "mucha incertidumbre" para posibles inversores y coproductores, tanto nacionales como internacionales. A este hecho, concluye PATE, se le suma la preocupación por parte del sector audiovisual ante la "caótica" migración de los hogares a una nueva señal del espacio radioeléctrico, pues a nueve meses de esta migración, "no se sabe aún cuál es el plan del Gobierno y existe la preocupación, cada vez más creciente, de si los hogares se quedarán sin televisión".

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) considera que puede "subsanarse" la situación sin que sea necesario cerrar 9 de los 24 canales. Uteca responde así al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que esta semana ha reiterado que va a acatar la resolución del alto tribunal y ha advertido a la patronal de las televisiones comerciales de que las actuaciones administrativas que sugiere en lugar del cierre de canales "serían de dudosa legalidad".

Para Uteca, esas recomendaciones legislativas "que pueden subsanar la situación generada", están basadas en precedentes actuaciones legales promovidas por el propio departamento que dirige José Manuel Soria para el sector energético. Son además "absolutamente legales" y podrían evitar la responsabilidad del Estado "por los daños patrimoniales que las televisiones se verán forzadas a reclamar".

Mientras, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) cree que las televisiones que deben cerrar 9 canales de TDT en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo están creando una "alarma" sobre los daños económicos que les causaría dicha medida.