El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha liberado a ocho narcos sirios detenidos el 17 de marzo en un barco en el mar de Alborán con 12 toneladas de hachís en aplicación de la reforma de la justicia universal, que se unen a otros ocho narcos egipcios que ya tuvo que excarcelar Fernando Andreu.

El magistrado ha decretado su libertad porque con la nueva normativa en materia de jurisdicción universal los tribunales españoles no tienen competencia para juzgar a estos detenidos, a pesar de que considera "frustrante" tener que tomar esta decisión.

"La vinculación del juez a la ley es piedra angular del sistema de justicia y una de las mayores garantías para el ciudadano, pues le pone a cubierto de la arbitrariedad. El juez debe aplicar la ley, le guste o no, aun cuando el resultado sea, desde su punto de vista, frustrante", afirma Gómez Bermúdez en el auto dictando la libertad y el archivo de la causa.

Su decisión se suma a la tomada hace cuatro días por otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que dejó en libertad a ocho marineros egipcios detenidos en aguas de Almería cuando transportaban en un pesquero un total de 9,8 toneladas de hachís distribuidos en 450 fardos y alegó los mismos motivos. Los ocho sirios fueron enviados a prisión por el Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga, que se inhibió posteriormente a favor de la Audiencia Nacional.

El juez ha decretado ahora el archivo del procedimiento en su contra y ha ordenado la destrucción de la droga incautada. El magistrado recuerda que las doce toneladas de hachís fueron aprehendidas en un buque que navegaba en aguas internacionales, con bandera de Sierra Leona y tripulado por ocho personas de nacionalidad siria y agrega que no consta "la intervención de ningún español en los hechos ni que la droga fuese destinada a España".

La Fiscalía Antidroga ha defendido, por contra, la competencia de los tribunales españoles para juzgar a los marineros arrestados y reclama la aplicación de la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes. Indica que en el artículo 17 este texto establece "la necesaria cooperación entre los Estados firmantes para eliminar el tráfico ilícito por mar".

Gómez Bermúdez alega que el despliegue de una actuación de tipo asistencial como la que reclama el Ministerio Público "no es criterio de atribución de jurisdicción". "El deber únicamente surge si el delito se ha cometido en nuestro territorio o en un buque con bandera española o una aeronave con registro en España", agrega.