Este jueves declaran ante el juez Ruz, en calidad de imputados, Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. Esta nueva declaración judicial del exgerente y extesorero del Partido Popular se produce después de que éste enviara una carta manuscrita al magistrado de la Audiencia Nacional prometiendo colaborar en el esclarecimiento de los hechos y después de que la investigación policial haya revelado que las obras de remodelación de la sede central se pagaron, presuntamente, con dinero de la caja B de la formación presidida por Mariano Rajoy.

Bárcenas tendrá a su vez que aclarar si efectivamente llevó a cabo mordidas en su propio beneficio, y si traspasó fondos desde las cuentas del Partido Popular a las suyas propias, radicadas en Suiza. Además, recientemente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha remitido un informe en el que viene a confirmar las sospechas de que el Partido Popular disfrutaba de un flujo regular de dinero al margen de la contabilidad oficial controlada por el Tribunal de Cuentas. La Policía cree que era precisamente el extesorero el que llevaba esta caja B, y Ruz también le pedirá aclaraciones sobre este este extremo.

La instrucción del juez del caso Gürtel está próxima a finalizar, si bien este nuevo interrogatorio a Luis Bárcenas (el quinto ya) podría dar luz aspectos decisivos para la causa. Las múltiples diligencias practicadas por Ruz y la ingente cantidad de documentos recabados durante la investigación —5.068 solo recogidos en la sede del PP— han destapado nuevos escándalos relacionados con la contabilidad presuntamente irregular del partido en el Gobierno. Sobresueldos, cuentas en Suiza, ingreso en prisión, acusaciones a la cúpula popular, desmentidos oficiales del presidente del Gobierno... éstas son algunas clavez de la evolución del caso Bárcenas.

Casi 900.000 euros en negro. Tanto el informe policial como el juez Ruz sostienen que hay indicios suficientes para creer que el Partido Popular pagó con dinero negro buena parte de las obras de remodelación de las plantas baja, tercera, cuarta y quinta de su sede central, en la madrileña calle de Génova. Estos pagos no se habrían reflejado ni en la contabilidad oficial ni en la facturación del estudio de arquitectura (Unifica) encargado de las mismas que según las pesquisas policiales se habría embolsado más de 888.000 euros sin el control de Hacienda.

Tal como refleja el último auto emitido por la Audiencia Nacional, se habría confirmado que los apuntes contables de Bárcenas eran auténticos en relación con los pagos efectuados al arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de remodelar la sede popular. Básicamente, la empresa Unifica mantenía un sistema de dualidad en el pago de los trabajos: Un canal que se creaba ad hoc y por el que se certificaba el coste de unas obras que coincidían con el importe pagado oficialmente por el PP, y otro canal por el que se cobraban unas cantidades efectivamente mayores, que eran las que se sufragaban con dinero no declarado.

Se acogieron a la amnistía fiscal. Los arquitectos de Unifica —Gonzalo Urquijo y Belén García— mantenían, tal como reflejan los informes policiales, cuentas bancarias en el exterior en sucursales de entidades financieras ubicadas en Suiza, Canadá y Luxemburgo. Además, se habrían acogido, según el juez instructor, a la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Ministro Montoro, que permitía regularizar rentas no declaradas anteriores al 31 de diciembre de 2010, y por las cuales se tuvo que tributar un máximo del 10%. Tanto Urquijo como García liquidaron unos 109.445 euros cada uno. Pese a dicha regularización, estos pagos podrían ser constitutivos de delitos fiscales por parte de Bárcenas o del anterior gerente, Cristóbal Páez.

'Heredado' de Naseiro. Una de las principales sospechas del juez Ruz gira entorno a la procedencia de los fondos que iban a parar a la llamada caja B del Partido Popular. La unidad policial de delitos económicos ha apuntado que "no es descartable" que al menos una parte del patrimonio acumulado por Bárcenas procediera de "personas vinculadas a empresas constructoras" que realizaron donaciones a la formación presidida por Mariano Rajoy.

Varias anotaciones reflejadas en los papeles del extesorero validarían esta teoría, según los investigadores, que sin embargo concluyen que no hay una "correlación temporal y cuantitativa" entre los ingresos anotados por Bárcenas y los ingresos en efectivo que él mismo realizó en Suiza. "La contabilidad B solo estaba en conocimiento de unos pocos", explican desde la Udef, que a su vez indican que el exsenador heredó la contabilidad manuscrita por parte de su predecesor, Rosendo Naseiro.

Sin otros ingresos. La teoría de que Bárcenas efectuaba mordidas a los ingresos del PP se basa en el argumento policial de que éste carecía de otra fuente de ingresos que le permitiera acumular el patrimonio del que llegó a disponer en Suiza (más de 48,2 millones de euros). "El único capital que es manejado y controlado por Bárcenas es el derivado de su posición en la formación política", señaló la Udef en su informe remitido al juez Ruz.

Bárcenas habría defraudado a la Hacienda Pública entre 2000 y 2011 al menos 11,5 millones de euros, tal como consta en un informe de la Agencia Tributaria entregado a Ruz en febrero. En parte de los delitos de fraude fiscal, éste habría prescrito ya, con lo que las cifras que se le podrían reclamar serían menores.

De las estimaciones defraudadas los técnicos tributarios suprimieron los ejercicios 2008, 2010 y 2011 ya que la cuota eludida a Hacienda no alcanza los 120.000 euros, cifra a partir de la cual se registra un delito fiscal.

Con el dinero de las comisiones no declaradas, según consta en los informes policiales remitidos al juez Ruz, Bárcenas habría realizado distintos movimientos de dinero en sus cuentas en Suiza. Aún está por aclarar (cuando se resuelvan las comisiones rogatorias) si efectivamente hubo transferencias desde su cuenta Obispado abierta en el banco Lombard Odier hacia otra cuenta en la Banca de Gottardo, afincada en la localidad helvética de Lugano.

A partir de estas cuentas en Suiza, el extesorero del PP habría desviado unos 3 millones de euros a sociedades domiciliadas en Uruguay. Al estallar el caso Gürtel, en 2009, Bárcenas hizo dos transferencias de un millón de euros desde el Lombard Odier y otra desde el LGT Bank a sociedades afincadas en territorio uruguayo. Es por esto que el instructor ha solicitado a las autoridades del país sudamericano ampliar la comisión rogatoria, así como el bloqueo de cualquier cuenta a nombre del propio Bárcenas o de su sociedad allí (Tesedul).

Los ingresos de Rosalía Iglesias. El pasado jueves, Bankia hizo constar al juez que la esposa de Luis Bárcenas había ingresado 149.600 euros el 29 de octubre de 2004 en una cuenta destinada a la ampliación de capital de una empresa de comunicación (Libertad Digital), tal como constaba en los apuntes contables manuscritos del extesorero. Sin embargo, pese a la anotación, la policía sospecha que el matrimonio se habría apropiado de ese dinero, ya que la cantidad coincide con la de un cheque con el que se pagaron, en abril de 2005, un piso en Baqueira Beret.

Al parecer, según el propio Bárcenas, la compra de estas acciones era una orden de la dirección del Partido Popular, que quería así ayudar al medio liderado por Federico Jiménez Losantos. De hecho, el listado remitido por Bankia al juzgado refleja otro ingreso hecho por el entonces extesorero Álvaro Lapuerta de 139.700 euros también el 29 de octubre de 2004.

Los técnicos de la Intervención General del Estado (IGAE) enviaron a la Audiencia Nacional un informe en el que concluyen que no se puede establecer una relación entre las donaciones de empresarios al PP de los papeles de Bárcenas y las adjudicaciones públicas a estas empresas, por lo que según este organismo no habría indicios de un delito de cohecho.

Tras comparar las donaciones de empresarios anotadas en los papeles de Bárcenas y miles de contratos adjudicados por las administraciones públicas a estas empresas, los funcionarios de la IGAE creen que no es posible demostrar esta relación "porque se comparan unos pocos donativos". Esta tesis de las adjudicaciones a cambio de donativos anónimos la sostienen las acusaciones particulares (Izquierda Unida, entre otros) si bien los técnicos dependientes del Ministerio de Hacienda consideran que estas conexiones no son ni creíbles ni lógicas.