Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional en España, ha denunciado este jueves que el proyecto de ley del aborto aprobado por el Gobierno está provisto de "tantas barreras" que "penaliza de manera subliminal" a las mujeres que quieren acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo.

Por este motivo, ha pedido una vez más la retirada del texto, como ya hiciera oficialmente la organización en una carta remitida al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la que también solicitaba una reunión, una petición que no ha obtenido respuesta.

La organización ha presentado en rueda de prensa la campaña mundial MiCuerpoMisDerechos, con la que pretende hacer frente a las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos en diferentes países del mundo.

En España, apunta, va a estar dirigida a lograr la paralización de un proyecto de ley, que, según ha dicho, "pondrá en riesgo la salud de mujeres y niñas".

El documento que ha difundido Amnistía Internacional sobre la campaña explica que si la ley es aprobada por el parlamento español, "restringirá gravemente el acceso de las mujeres y las niñas a servicios de aborto, incumpliendo las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional de los derechos humanos".

El responsable de AI ha subrayado que "es difícil decir que derechos no viola" el texto, que aparta a nuestro país de la tendencia europea y lo sitúa al nivel de Lituania, Macedonia o Turquía.

El objetivo de la organización es intentar convencer al Gobierno y al Parlamento para que no aprueben el proyecto tal como está planteado y, llegado el caso, podría promover la movilización social, ha señalado.

Con la campaña MiCuerpoMisDerechos Amnistía intentará durante este año y el que viene "conseguir cambios tangibles en la vida de las personas en Nepal, Burkina Faso, El Salvador, el Magreb e Irlanda"; en total, siete países de cinco regiones del mundo.

Tres muñecas hinchables, símbolo de las mujeres a las que no se permite disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos, han sido las invitadas silenciosas de la rueda de prensa, en la que Beltrán ha enumerado las "cifras de la vergüenza", como las 47.000 mujeres embarazadas que mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos no seguros, según datos de la OMS de 2003.

La organización se propone "poner fin al uso discriminatorio de la legislación penal para regular la sexualidad y la reproducción", eliminar las "barreras al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a la educación e información sobre la salud sexual y reproductiva" y "capacitar a la gente para que reclame y ejerza sus derechos".

Beltrán ha recordado que Amnistía no suele pedir la retirada de muchos proyectos de ley, pero en este caso lo han hecho porque no han encontrado "ni un solo resquicio de algo positivo que pueda beneficiar los derechos de las mujeres".

Tras confiar en que finalmente no se apruebe o sea "radicalmente transformado", Beltrán ha incidido en que el proyecto de ley es "una medida regresiva en materia de derechos humanos". El representante de AI ha señalado que la reforma del aborto se separa del derecho internacional y de las recomendaciones de Naciones Unidas.

"El aborto legal, seguro y accesible se convierte en este proyecto de ley en una carrera de obstáculos", ha recalcado Beltrán, quien ha criticado las barreras que se ponen para abortar, incluso en caso de violación. "¿Por qué hay que presentar una denuncia previa?", se ha preguntado. Una barrera aun más grande en el caso de las mujeres inmigrantes en situación irregular, que al denunciar una violación pueden enfrentarse a un procedimiento de expulsión.

También tiene un "impacto negativo" en los profesionales sanitarios, ya que "limita, al amenazarles con cárcel, su capacidad de poder dar información, consejo y servicio médico a sus pacientes". Para Beltrán, "es una obligación del Estado proveer de salud y aborto legal, seguro y accesible a mujeres y niñas".