Un informe elaborado por dos vocales del Consejo del Poder Judicial considera de "dudosa constitucionalidad" muchos de los artículos del anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, según informa el diario El País, que ha tenido acceso a dicho documento.

El texto ha sido redactado por el conservador Wenceslao Olea y la progresista Victoria Cinto y, según informa el propio CGPJ, es un "documento interno de trabajo" al que aún deben incorporarse las alegaciones del resto de vocales, que lo recibieron este lunes, antes de cerrar el borrador definitivo que será sometido a votación.

En su borrador de trabajo, estos volcales proponen la supresión del anteproyecto o una nueva redacción, ya que consideran que el texto elaborado por el departamento dirigido por el ministro Jorge Fernández Díaz, "establece criterios "excesivamente amplios" para justificar la intervención policial y rechaza que la mera sospecha (...) justifique la denuncia de una autoridad", según se puede leer en dicha información.

Los redactores del documento creen de "dudosa constitucionalidad" la regulación de la identificación de personas y la posibilidad de practicar detenciones por "faltas penales o infracciones administrativas".  Del mismo, modo también cuestionan que se realice un cacheo "para sancionar una infracción", una práctica  que, además, consideran "incompleta e imprecisa", ya que no define ni limita qué es un cacheo.

Dicho texto también rechaza que empresas y empleados de seguridad privado puedan colaborar en las acciones para disolver manifestaciones y recomienda que dicha parte sea eliminado del texto. Del mismo modo, recomiendan estos vocales sanaciones reeducadoras, y no económicas, para los meores y consideran excesivo penalizar los escraches.

Tampoco les resulta aceptable el artículo de la nueva norma que establece la responsabilidad conjunta de organizaciones y promotres de manifestaciones, ya que contraviene el principio jurídico de personalidad de la sanción.

Otro asunto problemático de la nueva norma, son las nuevas infracciones que ya están tipificadas y sancionadas como delito, como loas ofensas o ultrajes a la bandera. El informe considera que no se establece la diferencia entre delito y la infracción administrativa y que puede llevar a que se vulnere el principio jurídico de que una persona no pueda ser juzgada por el mismo suceso dos veces.

El texto redactado por estos dos vocales también duda de que la nueva norma tipifique conductas que difícilmente pueda establecerse que comprometan la seguridad pública, por lo que no se justificaría que se incluyera como infracción. Además, también aprecian de falta de proporcionalidad en algunas sanciones.

Sobre estos asuntos, el portavoz 'popular' en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha afirmado este martes que "todo aquello sobre lo que hay dudas" irá "mejorando".

Así lo ha expresado en declaraciones a Antena 3, pese a que ha manifestado que el Consejo General del Poder Judicial no les "ha remitido" el informe y ha recordado que está en proceso y "no está aprobado".

En cualquier caso, ha dicho que todos los informes al respecto "convienen" porque "son garantías". Cuando hay un anteproyecto de Ley, ha explicado, a partir de los informes de expertos "irá mejorando" y, "sobre lo que haya dudas", podrá ser "limado" o "cambiado".