La familia de Gabriela, la menor transexual que se siente niña, ha decidido cambiarla de colegio al considerar que su hija ha sufrido una "discriminación constante", según Oliver Roales, abogado de los padres.

Gabriela estudiaba hasta hace poco en el centro concertado San Patricio de la capital, dependiente del Obispado.

La familia pidió al centro que trataran a su hija como a una niña, que le permitieran ir al baño de chicas, la llamaran por su nombre y pudiese vestir el uniforme femenino. El colegio se negó, a pesar de las peticiones de la Junta de Andalucía.

Ahora, los padres solo persiguen una cosa: que el obispo de Málaga, Jesús Esteban Catalá, rectifique públicamente en una nota de prensa las declaraciones que efectuó el pasado 24 de enero.

Oliver Roales, abogado de la familia, presentó ayer en el Juzgado de Primera Instancia de Málaga un acto de conciliación, paso previo a la querella por "calumnias e injurias graves con publicidad" a la que puede enfrentarse Catalá si no rectifica.

El letrado recuerda que en un desayuno informativo Catalá afirmó que la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María del Obispado (gestiona San Patricio) "defienden al niño (Gabriela) en sus derechos como ser humano, le respetan en su identidad, en contra del abuso de la Junta y de su madre".

También que "hay informes psicológicos que insisten que no se debe intervenir o dirigir la sexualidad del menor". Y que, "forzada por la madre, la Administración andaluza obliga a un tratamiento que puede perjudicar al menor".

La familia, que no pide indemnización, quiere que el obispo reconozca que "es incierto que mi representada haya realizado conducta alguna de abuso sobre la niña, que la haya sometido a tratamiento dañino, no la respete en su identidad sexual o haya realizado conducta alguna de manipulación sobre su sexualidad". Y que sus palabras "atentan contra el honor" de la madre de la menor.

Además, el abogado ya prepara una denuncia contra la dirección del San Patricio y  la fundación.

"Ha habido una vulneración de los derechos fundamentales de Gabriela".

Roales señala a 20minutos.es que en el informe de Educación "consta que el colegio manifestó que si Gabriela aparecía con uniforme de niña, se le dejaría entrar al centro, pero no en el aula. Se le llevaría a una habitación aparte, se llamaría a su madre y se le sancionaría".

La familia "no pretende que se le retire el concierto al centro", sino que cuando Gabriela crezca pueda decirle que "luchó por su dignidad".

El Obispado no hace declaraciones.