El juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, ha aceptado modificar las medidas cautelares que pesaban sobre el expresidente del Govern Jaume Matas y le exime de la obligación de efectuar comparecencias cada quince días si bien le retiene el pasaporte y mantiene la prohibición de salir del país.
En un auto dictado este lunes, Castro ha aceptado la petición que le había formulado la defensa de Matas y ha acordado reformar las medidas cautelares que le impuso en marzo de 2010 en el marco de la pieza principal del caso Palma Arena, en el que investiga el sobrecoste en la construcción de dicho velódromo.
El magistrado considera el mantenimiento de la prohibición de abandonar el país y la retirada del pasaporte "suficiente garantía" para "excluir racionalmente" la posibilidad de que Matas pretenda eludir la acción de la justicia.
Castro ha tenido en cuenta que, desde que le fueran impuestas las medidas, Matas ha realizado con total regularidad las comparecencias que se le habían ordenado.
El juez ha recordado en el auto, en el que mantiene dos medidas cautelares a Matas, que todavía quedan por ultimar la instrucción de dicha pieza principal del caso Palma Arena así como de numerosas piezas separadas.
El magistrado ha recordado también que Matas ha sido condenado por la Audiencia de Palma a una pena de prisión que ya es firme, pero que dicha condena no interfiere en el mantenimiento de las medidas cautelares que están vigentes.
El expresidente regional y exministro de Medio Ambiente está condenado por las dos piezas juzgadas del caso Palma Arena. Para la primera condena, de 9 meses y 1 día de cárcel por tráfico de influencias en varios pagos realizados al periodista que le escribía los discursos, Matas ha solicitado el indulto al Gobierno.
El pasado diciembre recayó sobre el antiguo líder del PP balear una segunda condena por corrupción, porque un jurado popular consideró probado que cometió cohecho al presionar a un empresario para que pagara a su esposa, Maite Areal, 42.000 euros por un trabajo ficticio. En este caso la pena fue una multa de 9.000 euros.
Presuntos delitos de malversación, falsedad y cohecho
El caso Palma Arena comenzó en agosto de 2008, cuando el juzgado de Instrucción número 3 de Palma y la Fiscalía Anticorrupción empezaron a investigar los presuntos delitos de malversación, falsedad y cohecho en la construcción en la legislatura 2003-07 del velódromo, que costó el doble de lo inicialmente presupuestado, al pasar de 48 a unos 100 millones de euros.
Matas declaró por primera vez como imputado por esta causa el 23 de marzo de 2010, por su gestión durante la construcción del Palma Arena y por supuesto enriquecimiento ilícito.
El juez le imputó nueve delitos, entre ellos prevaricación, cohecho, malversación de fondos y apropiación indebida y el 30 de marzo de 2010 le impuso una fianza de 3 millones de euros, además de las comparecencias cada quince días, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.
La fianza fue reducida en 500.000 euros tras dos recursos y finalmente el juez la retiró en abril de 2012.
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