Iñaki Urdangarin, Diego Torres, Ana María Tejeiro, Carlos García Revenga y la infanta Cristina. Son los 'cinco magníficos' que, entre otros, el juez Castro decidió citar como imputados en el marco del 'caso Nóos', una pieza separada número 25 del caso Palma Arena que Castro abrió el 20 de julio de 2010 para investigar las supuestas actividades irregulares de la entidad que da nombre a la causa, el Instituto Nóos.

Tras la declaración de la infanta este sábado poco queda ya para dar por concluida la fase de instrucción —que dura ya más tres años y medio—, la primera dentro de todo procedimiento penal. No obstante, no se puede determinar con exactitud cuánto durará cada fase ya que ésta tiene que subsistir "el tiempo que sea necesario, pero sin dilaciones indebidas", aseguran a 20minutos.es fuentes jurídicas. Estos son los pasos que le quedan aún por recorrer al 'caso Nóos'.

Es la fase de investigación del caso, que se ha extendido a las administraciones regionales de Baleares, Valencia y Madrid. Durante esta fase han declarado ya 309 testigos entre los que figuran el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el exconseller valenciano y vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, y el asesor jurídico de la Casa del Rey José Manuel Romero, conde de Fontao.

En el frente de Madrid falta por resolver si finalmente el juez cita como testigo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que aclare en qué medida participó en la contratación del Instituto Nóos para promover la candidatura Madrid 2016. Por el momento, la Fiscalía se ha opuesto a la declaración del ministro, que solicitó la defensa de Diego Torres.

Entre la instrucción y el juicio oral, parte de la doctrina entiende que se da la llamada "fase intermedia", en la que, por ejemplo, se puede pedir el "sobreseimiento" —archivar la causa— de un imputado —que fue lo que pidieron este sábado los abogados de la infanta—, al entender que no hay suficientes causas que justifiquen la acusación de su representado. En el caso de la infanta Cristina, previsiblemente el Ministerio Fiscal también pedirá el sobreseimiento puesto que desde un primer momento se opuso a su imputación. Según ha informado la Cadena Ser, la Fiscalía Anticorrupción ha descartado por ahora pedir que se archive su imputación.

Una vez cerrados estos últimos flecos, el juez dictaría el auto de pase del procedimiento abreviado —se denomina así porque en este caso la pena es inferior a 9 años—, en el que el magistrado dicta a quién mantiene la imputación y a quién no. Hasta este punto no se sabría si la infanta sigue o no imputada.

Este auto se traslada al fiscal y a las acusaciones, y una vez pasado el plazo finado de 10 días —siempre que no se presente recurso ante el juez—, el fiscal presentaría el escrito de acusación.

En este escrito, el Fiscal hace un relato de los hechos, considera si se ha cometido un delito o no —deberá indicarlo—, qué pena corresponde y qué responsabilidad civil procede. No tiene por qué acusar a todos los imputados: por ejemplo, si considera que uno es inocente, como defensor de la legalidad que es, ha de ponerlo de manifiesto y hacérselo saber al juez. Es a partir de este escrito donde los que siguen imputados pasan a ser acusados.

En esta fase es muy probable —porque es el procedimiento habitual— que el juez Castro no siga llevando el 'caso Nóos'. Este magistrado está "contaminado" —así se denomina—, y lo normal sería que el caso pase a la sala de lo penal de la audiencia provincial, aseguran las fuentes jurídicas. Además, José Castro es un juez de instrucción.

Sería, por tanto, un nuevo magistrado quien dictara el auto del juicio oral contra los que consideran que siguen imputados —ahora acusados—. Por tanto, sólo aquellos que estén en este auto están obligados a asistir al juicio oral.

Aquí se lleva a cabo la actividad probatoria, es decir, se valoran las pruebas documentales de las que se ha hecho acopio en la fase de instrucción —el sumario  supera los 52.600 folios y los 52 tomos—, se escucha a los testigos y acusados. Estos últimos, además, gozan del "derecho a la última palabra".

Esta última fase es importante, puesto que en ella se fundamentan las pruebas que servirán de base a la sentencia, sea ésta condenatoria o absolutoria.