El Ayuntamiento de Barcelona ha dado su apoyo este viernes en una declaración a las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para establecer medidas inmediatas para intentar acabar con las viviendas vacías, sobre todo, de los bancos,  y se ha comprometido a sancionar con hasta 100.000 euros a aquellos propietarios que las mantengan desocupadas.

La capital catalana se incluye así entre los municipios que aprueban la propuesta de la PAH para intentar rebajar el número de viviendas desocupadas, y que ya han secundado la mayoría de los principales municipios del área metropolitana de Barcelona, como L'Hospitalet.

El texto, que se ha leído como declaración institucional ante el Pleno, empieza manifestando "el compromiso de emprender medidas municipales en base a la legalidad y competencias existentes y a los efectos que señala esta declaración, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia de viviendas".

Del mismo modo, Barcelona elaborará "Programas de Inspección con objeto de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se encuentran en situación de permanente desocupación, empezando por los que son prioridad de entidades financieras y otras grandes empresas".

Esta tarea se puede hacer, tal y cómo se llama en el texto aprobado, "a través del cruzamiento de datos en disposición de la administración y el otorgamiento de audiencia al interesado, o bien realizando una inspección física desde la administración".

Si el piso sigue vacío, llegarán las sanciones. Y es que la declaración compromete al Ayuntamiento de Barcelona a "imponer hasta tres multas que pueden llegar a los 100.000 euros, tal y como determina el artículo 113.1 de la ley 18/2007, previa advertencia, si transcurrido el plazo fijado no se ha producido la ocupación del inmueble".

Así, se iniciará "un procedimiento sancionador por infracción muy grave en caso de que se mantenga la desocupación un golpe agotado el plazo otorgado para corregir la situación".

La declaración institucional no se vota en el Pleno, sino que se lee después de conseguir la firma de la mayoría de la corporación. Así, habiendo firmado el texto todos los grupos, excepto el PPC, el texto se ha dado por asumido por el Ayuntamiento de Barcelona. Con todo, y a pesar de no ser habitual en las declaraciones de este tipo, los grupos han pedido poder intervenir para posicionarse.

En este momento es cuando el PPC ha manifestado que no ha suscrito la declaración porque no se han aceptado sus sugerencias para "mejorar" el texto. "Lo importante no es que se apruebe, sino que se pueda aplicar", se ha quejado Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del PPC en Barcelona.

Con todo, el líder municipal del PPC ha matizado que no está totalmente en contra del texto leído. "Si esto hubiera sido una propuesta de acuerdo no habríamos votado en contra, sino que nos hubiéramos abstenido como un llamamiento a dialogar con la PAH y los grupos", ha sentenciado.