El consorcio a cargo de la ampliación del Canal de Panamá, que lidera Sacyr, se ha comprometido a procesar sus reclamaciones según lo establecido en el contrato y a iniciar un diálogo con la administración de la vía en busca de una solución al conflicto contractual, ha anunciado la ministra española de Fomento, Ana Pastor.

"El compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones va ir por la vía dentro del contrato (...) por lo tanto ya ahí hay un primer acuerdo. También que se van a sentar para hablar y a dialogar para intentar resolver todos los problemas", dijo Pastor a los periodistas tras un reunión con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.

La titular de Fomento ha iniciado este lunes la ronda de contactos para abordar la situación del Canal. Pastor, primero, ha mantenido una reunión privada con el consorcio encargado de la obra, que lidera Sacyr. En el encuentro-desayuno con la ministra española, estuvieron presentes el presidente de Sacyr, Manuel Manrique; el representante de la italiana Impregilio, Paolo Moder, y el director de Proyecto del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), Bernardo González.

En declaraciones a los periodistas ante el palacio presidencial de Panamá, Pastor recalcó que aunque se trata de un conflicto entre un ente autónomo del Estado panameño y un grupo de empresas, entre ellas una española, Madrid ha intervenido "de buena fe" en busca de que las partes "lleguen a acuerdos, porque el acuerdo y el entenderse será bueno para todos".

Martinelli, por su parte, dijo estar "totalmente de acuerdo" con lo expresado por la ministra española, a la que agradeció públicamente su "muy atinada intervención" y su "muy significativa ayuda". "No creo que tenga mucho más que añadir (a lo dicho por Pastor) salvo que las partes tienen que resolver todos sus problemas según el contrato firmado. Estamos seguros que producto de las reuniones que se están dando entre ellos, van a resolver cualquier conflicto que pudiesen tener", afirmó el mandatario.

Con esta visita, Pastor pretende "ayudar" y "mediar" en la resolución del conflicto desatado después de que el consorcio, liderado por la española Sacyr, anunciara que planea paralizar las obras ante la imposibilidad de llevarlas a cabo por el importe inicialmente fijado en el contrato.

El consorcio —integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA— ha enviado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) una nota de preaviso de suspensión de los trabajos, por la que dispone de 21 días para "cumplir con los requerimientos solicitados" si quiere evitar la paralización de las obras.

Este sobrecoste asciende a unos 1.600 millones de dólares (1.168 millones de euros) —que se sumarían a los 5.250 millones de dólares (unos 4.032 millones de euros) del contrato— y corresponden a supuestos incumplimientos contractuales por parte de la ACP a los que no ha dado respuesta, según los constructores.

El administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, advirtió que no permitirá que la ampliación de la vía interoceánica sea "rehén de un contratista", en referencia al contencioso contractual con el Grupo Unidos Por el Canal (GUPC), que amenaza con suspender la construcción de las nuevas esclusas.

En una entrevista divulgada este domingo por el Canal 2 de la televisión local, Quijano detalló el proceso de contratación para la construcción del tercer juego de esclusas, que ganó GUPC en 2009, encabezado por la española Sacyr, y acotó que "es importante que esto se resuelva".

"Lo que sí no podemos nosotros es ser rehén de un contratista porque esto va más allá de un contrato", dijo en relación al reclamo de 1.600 millones de dólares (1.168 millones de euros) por parte de la empresa.

Quijano insistió en que cualquier reclamo debe encuadrarse en las instancias contenidas en el contrato y reconoció que por el atraso de las obras el Canal sufrirá un perjuicio en sus proyecciones de ingresos; por ello la penalización de 300.000 dólares diarios, hasta 54 millones de dólares (39 millones de euros), por los primeros seis meses, contra GUPC.

Detalló que del contrato original, por casi 3.200 millones de dólares (2.354 millones de euros), ya la ACP ha pagado un 5% adicional, o sea unos 160 millones de dólares (117 millones de euros), a GUPC, por reclamaciones justificadas como el precio del cemento, acero estructural, diesel y mano de obra.

El administrador del canal defendió la mediación diplomática, de Panamá y España, para encarrilar el contencioso, por ser un proyecto de impacto internacional, pero insistió en que la solución solo puede alcanzarse dentro de las normas del contrato suscrito.

"Tienen importantes proyectos en Colombia, Chile, tanto Sacyr, lo mismo Impregilo, no hay una situación donde estas empresas no tienen capacidad de seguir con esta obra, sino que es una posición de que ellos han tenido un sobrecoste y lo quieren traspasar inmediatamente al Canal, cosa que no podemos aceptar si no se ha podido sustentar ante las instancias que están dictadas en el contrato", afirmó.