Sacyr amenaza con suspender las obras de ampliación del Canal de Panamá por el sobrecoste

  • La empresa española Sacyr Vallehermoso lidera el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio encargado de ejecutar la ampliación del Canal de Panamá.
  • El GUPC denuncia "los incumplimentos del contrato" y los sobrecostes de casi 1.200 millones de euros que está generando la obra.
  • Las autoridades panameñas califican de "presión" inaceptable la intención de suspender la obra por parte de GUPC y hablan de asumir el proyecto.
  • Por su parte, el Frente Nacional por la defensa de los derechos económicos y sociales de Panamá (Frenadeso), acusa a GUPC de haber estafado con su oferta.
Un buque transporta cuatro de las compuertas para la ampliación del Canal de Panamá.
Un buque transporta cuatro de las compuertas para la ampliación del Canal de Panamá.
Alejandro Bolívar / EFE
Un buque transporta cuatro de las compuertas para la ampliación del Canal de Panamá.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio liderado por Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo que en julio de 2009 se adjudicó el contrato de obras de ampliación del Canal de Panamá, ha informado este miércoles de su intención de suspender dichos trabajos por los sobrecostos generados.

GUPC ha explicado en un comunicado que ya ha enviado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) la nota preaviso de suspensión de la construcción del tercer juego de esclusas "ante los incumplimientos del contrato". La obra del proyecto de ampliación cuenta con un valor global de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones (unos 2.243 millones de euros) corresponde al contrato para la construcción de las nuevas esclusas. Es uno de los mayores proyectos de ingeniería civil de la historia.

Según se indica en la nota, el consorcio "no puede continuar una obra en la que se proyectan 1.600 millones de dólares en sobrecostos (casi 1.200 millones de euros), que son responsabilidad del empleador, siempre bajo el contrato y las leyes panameñas y a pesar de que GUPC ha remitido diferentes propuestas específicas que la ACP ha rehusado discutir hasta la fecha".

Ahora la ACP dispone de un plazo de 21 días para cumplir con los requerimientos solicitados, aunque mientras tanto los trabajos continuarán con normalidad, según GUPC, que está integrado además por la constructora belga Jan de Nuil y la panameña Constructora Urbana.

Grandes problemas financieros

En la carta remitida a la ACP, administradora del canal, el consorcio reitera que esta se encuentra "al tanto de los intentos repetidos del contratista de reunirse al más alto nivel con la intención de discutir de una manera justa y apropiada una solución, bajo la ley panameña, de los grandes problemas financieros que están afectando el proyecto". Asimismo, se indica que, a pesar de que ambas partes han llegado a acuerdos, el administrador "ha decidido no honrar dichos acuerdos".

Además, GUPC ha acusado a la ACP de haber "fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el contrato", por ejemplo en relación con "la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto, reconocida por la propia Administración".

Según el grupo empresarial, la ACP "ha forzado al contratista a renunciar a varios de sus derechos" y, sobre todo, "ha fallado en mantener y restaurar el equilibrio financiero con GUPC por los eventos imprevistos que se han presentado en la obra", algo que, según ha apuntado "ocurre de manera habitual en proyectos de esta envergadura".

En el comunicado, GUPC niega "cualquier tipo de presión" a la ACP y asegura que siempre ha estado "dispuesto a colaborar" para hallar "una salida dialogada para poder terminar la obra en el menor tiempo y costo posible". En cambio, la Administración "ha hecho todo lo que está en su poder para evitar la resolución de las diferentes disputas y reclamos", añade.

Las autoridades panameñas podrían asumir el proyecto

Por su parte, las autoridades panameñas tildaron de "presión" inaceptable el ultimátum de GUPC e incluso hablaron de asumir el proyecto.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) dijo este miércoles que legalmente "la intención de suspensión" expresada por el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) "no implica una terminación o abandono del proyecto", pero que si eso llegara a suceder, "pondrá en acción los mecanismos del contrato que le permiten completar la obra", sin más precisiones.

Así respondió el administrador de la ACP, Jorge Quijano, al preaviso que envió este miércoles el GUPC, que lidera la española Sacyr.

El consorcio argumentó que cumplir con sus requerimientos "supondría la alternativa con menor coste y menor tiempo posible de ejecución" de las obras de ampliación, que iniciaron en 2007 y se prevé que estén listas en junio de 2015, nueve meses después de los estipulado en el contrato.

La autoridad panameña respondió que sin importar "qué tipo de presión se haga", la ACP mantiene la "exigencia de que Grupo Unidos por el Canal respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron".

Tres instancias de resolución en caso de conflicto

El contrato establece "claramente tres instancias de resolución" de reclamos, dos de las cuales "son decididas por terceros", destacó la autoridad panameña.

Según el contrato, el contratista puede presentar su reclamo en primera instancia ante la ACP, si no se resuelve puede acudir a la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), y por como última instancia apelar a un arbitraje internacional.

El consorcio ha presentado a lo largo del tiempo varios reclamos económicos, uno de ellos en 2012 por 585 millones de dólares que fue rechazado por la ACP, por lo que el consorcio apeló a la DAB. En diciembre pasado el GUPC presentó a la ACP otro reclamo, por 850 millones de dólares según informó a la prensa local Quijano, quien entonces dijo que dada la complejidad del mismo "tomará bastante tiempo resolverlo".

En esa ocasión, Quijano se quejó de que el GUPC buscaba la manera de negociar fuera de contrato reclamos millonarios, y aseveró que la ACP estaba en capacidad de asumir las obras de ampliación en caso de que el consorcio abandonara el proyecto.

Una "estafa"

Por su parte, el Frente Nacional por la defensa de los derechos económicos y sociales de Panamá (Frenadeso), dijo este miércoles en una declaración pública que había avisado desde el inicio sobre la "estafa de la ampliación" del Canal de Panamá.

"La incertidumbre e interrogantes aumentaron con el acto de licitación, cuando el GUCP se adjudica el contrato con 1.700 millones por debajo del precio establecido por la ACP.

Sabíamos de que se trataba de un acto de juega vivo, pues el consorcio buscaría vía adendas y otras reclamaciones por sobre costos recuperar lo que faltaba con creces", indicó Frenadeso.

El programa de ampliación del Canal registra un avance total del 72%, mientras que la construcción de las nuevas esclusas uno de 65%, informó este miércoles la ACP. La ampliación consiste en la construcción de un tercer juego de esclusas, que añadirán un tercer carril para el tránsito de buques con capacidad de hasta 12.600 contenedores, casi el triple de lo actual.

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