La Seguridad Social ha formalizado una demanda contra la Generalitat Valenciana al apreciar que puede existir un posible "fraude de ley" en la utilización que se hizo de becarios para dar inglés en los centros educativos mediante el programa de 'english helpers', así como errores en la cotización. Por ello, solicita al juzgado que aclare la relación laboral entre ese personal y la administración.

La Conselleria de Educación adjudicó más de 300 becas 'english helpers' para la realización de prácticas profesionales en materia de asistencia lingüística en inglés en centros docentes dependientes de la Generalitat durante el ejercicio 2012-2013. La dotación económica de cada una de las becas era de 1.000 euros.

A raíz de esta iniciativa del Consell, la coalición Compromís presentó un escrito en la Inspección de Trabajo en el que denunciaba la contratación de estos maestros de inglés como "profesorado becario, por ser una categoría laboral inexistente que vulnera los derechos de los trabajadores".

Según explica el escrito de la Seguridad Social, adelantado por 'Las Provincias' y consultado por Europa Press, el 19 de julio se levantó a la Generalitat un acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social y a una serie de 'english helpers' —también demandados en el presente procedimiento de oficio— "por no cursar el alta en el Régimen General de la Seguridad Social ni cotizar en función de la prestación de servicios que se entienden como laborales ordinarios, no considerándose la cotización de los mismos como becarios".

El acta de liquidación fue impugnada por el Gobierno valenciano, que alegó que "la relación que le unió a los trabajadores no era de naturaleza laboral al tratarse de becarios que realizaban prácticas profesionales como asesores lingüísticos en centros y todo ello de conformidad con la convocatoria de la orden 54/2012 de 9 de agosto de la Generalitat".

Se solicitó entonces informe al funcionario que levantó el acta, quien se reafirmó en las sus conclusiones. Entre los argumentos figuraba que "las becas de referencia no tenían otro objeto que suplir la necesidad de contratación —bajo la modalidad que fuera, laboral o funcionarial— de nuevos maestros especialistas de inglés".

Añade que la entonces Conselleria de Educación, Formación y Empleo perseguía con esta convocatoria poder cumplir el arranque del plan de plurilingüismo en educación infantil de 3 años "pero sin la sujeción a las normas que regulan la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la función pública educativa y con un menor coste social —salarial, impositivo y en materia de cotización—, obligación que, por otra parte y por imperativo de dicha norma, debía ser atendida con los medios personales y materiales de la Conselleria, haciendo uso así en fraude de ley de una posibilidad establecida por el legislador como es la realización de prácticas en las empresas en virtud de programas de formación por parte de estudiantes o titulados".

"Se trata, por tanto, de una actividad que, de no desarrollarse por el becario, tendría que realizarse por personal laboral o funcionarial propio o ajeno como, de hecho, ocurre en aquellos supuestos en los que el maestro es especialista en lengua extranjera".

"No se entiende tampoco —proseguía— por qué en aquellos casos en los que el maestro que, en los mismo términos que los 'english helpers', dan clase en castellano o valenciano se les da de alta como trabajadores por cuenta ajena —o, en su caso, mediante una relación funcionarial— y en el caso de estos becarios que hacen los mismo pero en inglés no, lo cual introduce adicionalmente un elemento de discriminación".

También alude a la cantidad de la beca, 1.000 euros, que "si bien es baja en relación a la jornada semanal que se determina", es "desproporcionada para que pueda calificarse como un suplido o ayuda".

Tras estudiar el caso, y en un escrito firmado por el jefe de la Unidad e Impugnaciones, la Seguridad Social formaliza la demanda y pide al juzgado que se pronuncie sobre la naturaleza laboral entre la Generalitat Valenciana y los trabajadores.

"notas propias de relación laboral"

En los fundamentos de derecho, el organismo ya advierte de que "para que un intercambio de trabajo y remuneración pueda calificarse como relación laboral es necesario que concurran los siguientes elementos: voluntariedad, carácter personal de la prestación, dependencia, ajenidad y la retribución". "En el presente supuesto —continúa— se evidencia que concurren las notas propias de relación laboral que se enumeran en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores".

Al respecto, el grupo parlamentario de Compromís ha informado de que el Juzgado de lo Social número 16 de Valencia ha admitido a trámite la demanda y ha citado a la administración y los becarios afectados para la celebración del juicio el 10 de diciembre del próximo año, por lo que ha reclamado la dimisión de la consellera de Educación, María José Català.

Según el parlamentario de la coalición Fran Ferri, "los términos de la denuncia realizada por la Seguridad Social son durísimos con la actuación de la Conselleria que dirige Català". "En concreto, la Seguridad Social afirma que estas becas no tenían otro objeto que suplir la necesidad de contratación de nuevos maestros, lo que califica como fraude de ley", subraya.

"La Seguridad Social denuncia también que esta modalidad de contratación de maestros como becarios no tenía otra motivación que la de ahorrar en costes laborales, causando grave perjuicio a los derechos laborales", añade Ferri en un comunicado.

En opinión del diputado, "los términos de esta denuncia son un varapalo a la consellera de Educación, a quien no le queda otra salida que dimitir".

"La gestión de María José Català ha quedado totalmente desacreditada y, si no tiene la decencia de dimitir, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, debería cesarla", sentencia.