Extremoduro
Robe Iniesta (izda.) e Iñaki Antón, durante uno de los conciertos de Extremoduro de la gira 'Robando perchas del hotel'.

El grupo de rock Extremoduro ha publicado en su web un comunicado en el que da su versión sobre la filtración en Internet de su disco Para todos los públicos un mes antes de la fecha de lanzamiento y la posterior detención de una persona por este motivo.

La banda critica en una escueta y ácida nota a todos los implicados en el "asunto del robo" y en la difusión de la noticia, lo que incluye al presunto autor de los hechos, a la Guardia Civil, a "todos los que se bajan música sin pagar", a los medios de comunicación y a su discográfica (Warner Music).

Sobre el arrestado en la llamada operación Agila explican que pensaron en demandarlo, pero que después se dieron cuenta de que "el chorizo solo tenía una mínima parte de culpa"; Extremoduro tilda de "instigadores en cierto modo" a aquellos que descargan música de la Red sin pagar por ella "y además intentan justificarlo" y de "medios de pacotilla" a los que dijeron que el grupo puso "la primera demanda".

Respecto a la Guardia Civil, la banda asegura que en su "confusa rueda de prensa", la que ofrecieron el pasado jueves el jefe del grupo de delitos telemáticos de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Óscar de la Cruz, y el responsable de investigación de piratería de Promusicae, José Luis Pérez Quintero, dejaron "entrever que la denuncia partió del grupo".

A todos ellos, insisten, pensaron en "demandarles", pero les pareció "demasiado trabajo, porque, ya de antes, teníamos pendiente demandar a la compañía discográfica y a la oficina de contratación". El grupo termina la nota con un "Iros todos a tomar por culo", parafraseando el título de uno de sus álbumes, publicado en 1997.

El detenido en Madrid es un hombre de 31 años que trabajaba como mozo en la empresa encargada de la elaboración física de los discos. Según la Guardia Civil, sustrajo, ofertó y filtró en Internet el álbum un mes antes de su salida al mercado y provocó un perjuicio económico de 120.000 euros, al margen, aseguran, de las pérdidas por las descargas fraudulentas.