Los estudiantes de enseñanzas medias y universidades arrancan un nuevo curso que prevén "agitado", pues están dispuestos a movilizarse en contra del nuevo decreto de becas, de la subida de tasas y de la posible aprobación de la reforma educativa del ministro Wert. Portavoces de distintas organizaciones estudiantiles han asegurado  que este otoño la "marea verde" y las movilizaciones de la comunidad educativa volverán a salir a la calle.

El Sindicato de Estudiantes ha convocado para octubre una "semana de lucha" a favor de la enseñanza pública que incluye una convocatoria de huelga general de los alumnos de institutos y universidades del 22 al 24 de ese mes. "Wert dimisión", "No al 'tasazo', no al recorte de becas" y "No a la Lomce" son los eslóganes preparados para este comienzo de curso por este sindicato estudiantil, con cerca de 20.000 afiliados a nivel estatal.

Su presidenta, Ana García, ha destacado que el nuevo decreto de becas "hace más necesaria que nunca la movilización" y pedir la dimisión del ministro. Además, ha aconsejado a los estudiantes que este curso se "organicen para luchar en las calles", ya que es la "mejor defensa" de los jóvenes para obligar al Gobierno a echar para atrás unas medidas que "perjudican a la mayoría de la sociedad".

El portavoz de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), Aratz Castro, ha resaltado que el alumnado y la representación estudiantil demandan unidad ante "el ataque que esta sufriendo la educación". El pasado curso hubo 1.450.036 estudiantes matriculados en las universidades (84,2 % en públicas y 11,7 % en privadas) y 111.087 estudiaron un máster (75,4 % en facultades públicas y 24,6 % en privadas).

Y desde Creup, que representa a 700.000 estudiantes, se pide la dimisión de Wert, especialmente porque los nuevos requisitos de becas afectarán a los alumnos de forma "muy negativa" al no buscar un mejor rendimiento académico, sino el ahorro económico sin tener presente sus consecuencias, según Castro.

Por contra, el vicepresidente segundo del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (Ceune), Gabriel Martín, opina que convocar huelgas y movilizaciones "no es la actitud más responsable y no ayuda en absoluto a trabajar por la mejora de las universidades y los alumnos".

"Respeto cualquier tipo de actuación siempre y cuando respete el derecho de todos, es decir, jamás me podré oponer a actuaciones de determinados grupos siempre y cuando respeten que cualquiera pueda asistir a clase", ha dicho Martín.

Desde la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), su portavoz, Fidel González, ha comentado que a diferencia del curso anterior, donde el "fuerte de los recortes" era en la educación obligatoria, este curso los universitarios son los más perjudicados y esperan contar con rectores y profesores en sus reivindicaciones.

"Tasazos abusivos en las universidades de muchas comunidades, unas diferencias brutales entre autonomías y un decreto de becas vergonzoso e injusto para los estudiantes" son los principales puntos a rechazar por Faest, que cuenta con 1.200 representantes en las facultades.

Por su parte, la ONG Educo.org ha emprendido una campaña de becas solidarias en toda España para garantizar al menos una comida diaria adecuada a 20.000 niños y adolescentes en los centros escolares públicos y concertados. "En España no hay ni hambre ni desnutrición, pero sí existe un problema de malnutrición que está totalmente reconocido", ha señalado en conferencia de prensa su director general, José María Faura.

Uno de cada cuatro menores de 16 años tiene una alimentación deficiente y un niño cae en la pobreza cada tres minutos, entre otras conclusiones de un estudio de Educo, que ha nacido de la unión entre Intervida y Educación Sin Fronteras. Los menores de 18 años en riesgo de pobreza han pasado de dos millones en 2007, en vísperas de la crisis, a más de 2,5 millones en 2011, según las estadísticas oficiales recogidas por esta ONG.

"Este programa de becas comedor es una acción directa para ayudar aquellas familias con dificultades de garantizar una comida saludable al día a los hijos", ha justificado Faura. Beneficiarán a escolarizados que no pueden acceder a las ayudas públicas de comedor o no pueden cubrir la parte, generalmente el 50 %, que tienen que abonar las familias.