PSOE Guadalajara presenta un recurso para impedir que Román "adjudique un segundo megacontrato de servicios municipales"

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local, con el que trata de impedir que el alcalde, Antonio Román "adjudique un segundo megacontrato de servicios municipales, que seguiría la línea del PP de entregar el Ayuntamiento de Guadalajara a grandes empresas durante los próximos 20 años".

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local, con el que trata de impedir que el alcalde, Antonio Román "adjudique un segundo megacontrato de servicios municipales, que seguiría la línea del PP de entregar el Ayuntamiento de Guadalajara a grandes empresas durante los próximos 20 años".

En un comunicado, los socialistas han indicado que la intención del alcalde de Guadalajara "es dar a una gran empresa 61 millones de euros de todos los vecinos agrupando en un solo contrato servicios tan distintos entre sí como la limpieza, la gestión energética y las reparaciones de edificios municipales".

De este modo, afirman que esta cantidad de dinero "se sumaría a los 270 millones de euros que Román quiere entregar a otra gran empresa con el primer megacontrato, también con una duración de 20 años, cuyo concurso se encuentra suspendido cautelarmente por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales como consecuencia de los recursos presentados por los grupos municipales de PSOE y de IU". "Son servicios completamente distintos, que no pueden agruparse", han asegurado.

ARGUMENTOS

El recurso de reposición del Grupo Socialista se fundamenta, en primer lugar, en que los tres servicios que Román pretende agrupar en un solo gran contrato no tienen ninguna relación de complementariedad entre sí, aunque vayan a prestarse simultáneamente en edificios municipales, y, por tanto, no pueden agruparse en una sola concesión según el artículo 25.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

En este sentido, el recurso del PSOE recalca, según afirma este partido, como muestra de la disparidad de estos servicios, las diferencias en la cualificación que se exige al personal que vaya a prestar cada uno de ellos: para la limpieza de edificios municipales se precisa una importante cantidad de trabajadores, que no necesitan tener ningún conocimiento de los sistemas de gestión energética, para los que se requiere un personal de elevada preparación técnica sin ninguna relación con las labores de limpieza.

El otro servicio, llamado en el pliego del concurso "trabajos adicionales", consiste en trabajos de albañilería y reparaciones totalmente ajenos tanto a la limpieza como a la gestión energética, han afirmado.

Expulsión de empresas

Un segundo argumento del recurso es que al fusionar en un solo contrato estos servicios tan dispares, "Román expulsa del mercado a numerosas pequeñas y medianas empresas, como las que actualmente los prestan por separado a plena satisfacción y otras de sus características, que no tienen capacidad para participar en este concurso".

"Además de dañar a las pequeñas y medianas empresas, incumple manifiestamente lo ordenado por la Ley de Economía Sostenible y la Ley de Contratos del Sector Público, que exigen que los entes públicos promuevan la participación de la pequeña y mediana empresa en los procedimientos de contratación", han afirmado desde el Grupo Municipal Socialista.

Se excede en el tiempo

El PSOE ha explicado que, según el recurso de reposición, el pliego de condiciones "de este segundo megacontrato de Román también vulnera la Ley de Contratos del Sector Público en el sentido de pretender adjudicar por 20 años unos servicios municipales que legalmente sólo podrían adjudicarse por un periodo máximo de 4 años, al no asumir la empresa ningún tipo de riesgo".

Además, han indicado en el apartado del megacontrato denominado "trabajos adicionales" el pliego de condiciones no fija un precio por estos servicios, lo que también es contrario a la Ley.

Los socialistas también han precisado que los costes que el Ayuntamiento tendría que pagar a la empresa por estos trabajos podrían fijarse de manera discrecional, con la simple presentación de un presupuesto y la aceptación del Consistorio. A este respecto, la Ley de Contratos del Sector Público ordena que haya un precio fijado en el contrato o un modo objetivo y no sujeto a discrecionalidad para fijarlo, han indicado.

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