El indulto concedido y después anulado por el Rey Mohamed VI al pederasta Daniel Galván ha tensado de nuevo el fino hilo con el que están tejidas las relaciones entre España y Marruecos. Las dos naciones han intentado solucionar la situación poniendo al agresor de origen iraquí en manos de la Justicia peninsular. Galván fue detenido este lunes después de pasar varios días en paradero desconocido.

Es un ciudadano español de origen iraquí de 64 años. Marruecos le condenó de forma definitiva en septiembre de 2011 a 30 años de cárcel por haber abusado de, al menos, 11 menores de edad en su casa de Kenitra. Allí organizaba fiestas que, después, acababan con tocamientos y otras prácticas. Incluso grabó y fotografió a los niños.  Fue descubierto por los contenidos que guardaba en una memoria electrónica.

Varios medios han asegurado que, como exoficial del ejército iraquí, Galván era colaborador del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), es decir, los servicios secretos españoles, pero el Gobierno no ha querido confirmar esta información. La Universidad de Murcia sí ha revelado que estuvo vinculado a la institución entre 1996 y 2002 en el área de Relaciones Internacionales.

El rey Juan Carlos realizó un viaje oficial a Marruecos del 15 al 18 de julio invitado por Mohamed VI. El día 30, coincidiendo con el decimocuarto aniversario de su subida al trono, el monarca alahuí decretó el indulto de 48 presos españoles que cumplían pena en el país. España asegura que solo había pedido liberar a 18 y trasladar a otros 30 a cárceles en la Península. Galván, de acuerdo a esta versión, se encontraba en este segundo grupo de una relación que habría elaborado la embajada española.

Marruecos tiene otro punta de vista. Según el país africano, la medida de gracia tuvo su origen en una petición del rey español, aunque la casa real, que agradeció "profundamente" la medida en una nota, aseguró este lunes que en ningún caso solicitó el indulto de presos.

Debido a las protestas y manifestaciones convocadas en Marruecos al conocerse la identidad y la condena de Galván. La pederastia y la pornografía infantil son temas muy sensibles para la población local por la existencia de focos de prostitución de menores.

Este lunes fue detenido en Murcia e ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real por riesgo de fuga tras declarar ante el juez Fernando Andreu. Antes, pasó varios días en paradero desconocido. Marruecos le había prohibido regresar a su territorio. España, que le renovó el pasaporte en una oficina consular en Marruecos cuando salió de la cárcel, no le siguió la pista, al menos oficialmente. Esta se perdía en Ceuta, frontera por la que regresó a España.

Marruecos entiende que, al haber anulado el indulto, su condena sigue vigente, por lo que asegura haber cursado a través de la Interpol la petición de búsqueda y captura internacional que ha llevado a su detención. Antes, se encontraba en un limbo. Hasta la mañana de este lunes, la Audiencia Nacional no tenía notificación de orden de detención alguna contra él, detalló un portavoz. Los ministerios de Exteriores, Justicia e Interior tampoco tenían comunicado oficial de la anulación de su indulto.

Justicia le considera aún un "preso marroquí", según detalló a este diario un miembro del departamento. Tras su detención se abrió un período de 40 días en el que España y Marruecos deben decidir si se le extradita al país alauí, para lo cual España debería retirarle la nacionalidad, o si Marruecos acepta que cumpla los 28 años restantes de su condena en España.

El padre de una menor de Torrevieja ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil contra Galván por los supuestos abusos sexuales cometidos sobre la pequeña hace varios años. Esta acusación supondría que España sí podría juzgar a Galván, dado que no puede hacerlo por los hechos por los que fue condenado en Marruecos. Además, el abogado de sus víctimas marroquíes está recabando testimonios de otros afectados para iniciar otro procedimiento.

Fuentes diplomáticas la califican como "cordial" desde la llegada a la presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy.

El episodio del islote de Perejil, que sucedió durante el mandato de José María Aznar, ha quedado olvidado, al menos en apariencia. Las violaciones de los Derechos Humanos que padecen quienes intentan atravesar las vallas fronterizas de Melilla o las líneas marítimas del Mediterráneo y Canarias desde Marruecos no perturban en exceso a ambas naciones.

Mariano Rajoy ha aparcado en la agenda, por incómoda, la situación del pueblo saharaui, antigua colonia española cuya administración se cedió irregularmente a Marruecos en 1975. A pesar de ello, Marruecos goza de cierta ventaja negociadora y usa los acuerdos de pesca por los que presta sus caladeros a los pescadores españoles como un arma para presionar a España, país en el que viven casi 800.000 marroquíes.

El Gobierno español no ha hecho pública ninguna reprobación contra Marruecos por el indulto o por la cancelación del mismo. En privado, señala el  error marroquí , pero entiende que ha sido "una equivocación" provocada por un "gesto de buena voluntad" como era la liberación de presos españoles en su territorio.

En una nota oficial poco usual, Mohamed VI ha reconocido que su país cometió una "negligencia" al soltar a Galván. En su propia defensa, el monarca argumenta que "nunca" fue informado de los crímenes "monstruosos" que este había cometido. Los dos gobiernos permanecen en contacto y Mohamed VI ha asegurado que depurará responsabilidades en su Administración. El director general de Prisiones ha sido destituido.