Según el gobierno, la reforma laboral ha evitado 250.000 despidos

  • La ministra Báñez asegura que fue "coherente con la situación económica".
  • La reforma contuvo "la destrucción de empleo" y "aumentó la flexibilidad".
  • En general, la reforma "está cumpliendo con sus objetivos iniciales".
Una oficina del paro en la comunidad de Madrid.
Una oficina del paro en la comunidad de Madrid.
Ballesteros / EFE

El informe sobre el impacto de la reforma laboral elaborado por el Gobierno en cumplimiento de las recomendaciones de la UE concluye que ha logrado evitar 225.000 despidos en su primer año de aplicación.

Según ha indicado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros "siempre es coherente con la situación económica en la que se desarrollen sus efectos". Así, ha señalado que pese a la crisis, "la reforma ha logrado contener la destrucción del empleo, aumentar la flexibilidad y reducir la dualidad". "La reforma está cumpliendo con sus objetivos iniciales", ha concluido.

Según la ministra, la reforma también ha permitido que el incremento de la tasa de paro se haya moderado desde febrero de 2012, cuando entró en vigor. Así, la tasa de crecimiento interanual del paro, que alcanzó casi el 18% en el segundo trimestre de 2012 se sitúa ahora en el 5% en el segundo trimestre de 2013.

Asimismo, el informe, que tendrá que ser evaluado previsiblemente en otoño por la OCDE, incide en que la economía española será capaz de generar empleo a partir de una tasa de crecimiento de entre el 1% y el 1,2%. "Hemos ganado competitividad en nuestro país", añadió la ministra.

A partir de ahí, el informe arroja un balance positivo de la nueva regulación del empleo muy pormenorizado. Así, indica que la tasa de desempleo se ha reducido desde el 18% en el segundo trimestre de 2012 hasta el 5% en el mismo periodo de este año, "a pesar de la contracción de la actividad".

Asimismo, el informe apunta que hasta un 27% de las empresas de más de 250 trabajadores han aplicado medidas de modificación de las condiciones de trabajo y al mismo tiempo ha logrado reducir el absentismo en un 13,8%.

Sobre la dualidad del mercado laboral ha indicado que la temporalidad ha pasado de una tasa del 25% del último trimestre de 2012 al 23,1% del segundo trimestre de este año.

En materia de flexibilidad interna ha dicho que el 27 % de las empresas de más de 50 trabajadores han modificado salarios y han reducido jornadas (han subido el 50 %) como alternativa al despido. También ha dinamizado la negociación colectiva, según Báñez, quien ha resaltado que en el primer semestre del año se ha casi duplicado el número de convenios firmados, que han sido 641 para más de 1,3 millones de trabajadores.

Otro efecto es que las inaplicaciones de lo pactado en convenio han ascendido a 2.149, de las que el 96 % han sido acordadas, para más de 118.000 trabajadores. Ante una de las preguntas de los periodistas presentes, Báñez destacó que "hemos comprometido con la sociedad española y la UE hacer alguna modificación, pero la reforma laboral está hecha y haremos ajustes menores".

Se limita a 26 los miembros de la comisión negociadora de un convenio

La comisión negociadora de un convenio colectivo estará formada como máximo por 26 personas, de manera que cada una de las partes sólo podrá sentar en la mesa de discusión a 13 de sus miembros.

Así consta en el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros "para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social".

Según informa el Ministerio de Empleo en una nota, el real decreto recoge el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con los agentes sociales para reformar el sistema de cotización de los trabajadores a tiempo parcial y además establece cambios en negociación colectiva.

El período de consultas abierto para negociar un convenio se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien en el caso de ser varios los centros de trabajo afectados quedará circunscrita a dichos centros.

Otra novedad es que se establece una fase previa al inicio del período de consultas con el objeto de que no se consuma el plazo para la propia consulta.

En el caso de que haya representantes legales en todos los centros de trabajo, la fase previa a la consulta durará 7 días y 15 cuando no sea así.

El real decreto fija además que el procedimiento individual de impugnación de un convenio queda relegado a los supuestos "excepcionales" no resueltos.

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