El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una reforma energética que supondrá un aumento del precio de la luz del 3,2%. Este incremento se sumará al encarecimiento del 63 % registrado entre 2003 y 2011, ochos años en los que la factura eléctrica media de los hogares ha pasado de 360 a 588,5 euros.

Este aumento se hará efectivo en las próximas semanas, previsiblemente en el mes de agosto.

El Gobierno ha aprobado esta reforma con la vocación de que el déficit de tarifa se solucione de forma "definitiva", mediante una fórmula en la que "no se cargue sobre el consumidor" todo el peso de las medidas, sino que se repartan de forma equilibrada, anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.

La vicepresidenta indicó que, con la reforma, se pondrá "fin" a un déficit de tarifa que es fruto de la diferencia entre los costes regulados e ingresos de la tarifa eléctrica y que, desde 2005, ha aumentado hasta alcanzar los 26.000 millones de euros.

"Este es el agujero que nos hemos encontrado en el sector, un agujero que no se ha conseguido paliar pese a que entre 2006 y 2011 la subida de la luz ha sido del 63%", indicó la vicepresidenta, quien añadió que no se cargará en exclusiva sobre el consumidor. Minutos después, y a preguntas de los periodistas, la vicepresidenta calificó la nueva legislación como "pedazo reforma".

El ministro José Manuel Soria explicó que "si no hubiéramos hecho nada, tendríamos o la quiebra sistema o un incremento del 40%". El titular de Industria añadió que "no son medidas fáciles, son imprescindibles. Es una reforma pensada en el consumidor con una distribución de los costes entre consumidores, presupuestos generales estado y empresas del sector". "El recibo será similar al del año pasado por estas fechas", avanzó Soria.

Entre otras medidas, la nueva factura de la luz será "más simple y clara". Además, el Estado va a dar entrada a "nuevas comercializadoras" para fomentar la competencia, y además va a "agilizar el proceso de cambio de compañía". Seguirán vigentes los descuentos del bono social y además, se implementarán medidas de mejora de la atención al cliente y se reduce la litigiosidad entre consumidores y empresas eléctricas.

Por otro lado, José Manuel Soria avanzó que las nuevas medidas suponen un refuerzo de la lucha contra el fraude, penalizar los consumos en segunda vivienda y vivienda vacía y se contemplará el cierre temporal de instalaciones, la llamada 'hibernación', bajo criterios de garantía de seguridad de suministro.

Soria ha reconocido que la gestión de esta ley ha generado "tensiones, pero no con el Gobierno, sino con las compañías. Pero esta reforma introduce certidumbre y evita que se vuelva a reproducir el problema", explicó José Manuel Soria.

Según el titular de Industria, con esta nueva legislación "perseguimos el interés general. La reforma no se casa con nadie".

José Manuel Soria explicó que se generó un déficit energético de de 10.500 millones de euros en los años 2012 y 2013, por lo que "tendríamos que haber subido un 42% para corregirlo". El titular de Industria añadió que "las medidas previas del Gobierno han paliado este dato pero quedan 4.500 millones por corregir". Si no se aplicara la norma aprobada hoy, Soria dijo que el recibo de la luz "tendría que subir entonces un 19%", ya que "los costes regulados han subido por encima de los ingresos".

De los 4.500 millones, los consumidores asumirán 900 millones de euros, mientras que otros 900 irán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y otros 2.700 millones, a las empresas.

Soria dejó claro que "los ingresos no son suficientes para cubrir el incremento de costes": En 2003, la importe medio era de 360 euros al año, de los que 12 euros correspondían a sobrecostes extrapeninsulares, 60 euros a la prima de renovables, 120 euros de costes de distribución, 31 euros correspondientes al transporte y finalmente, 125 euros de generación de la propia energía.

El ministro de Industria explicó que ocho años después, el importe medio ha subido hasta los 588,5 al año, un 63% más que en 2003. Sobre cómo se distribuyen esos 588,5 euros, especificó que a la deuda corresponden 24 euros; a los sobrecostes extrapeninsulares, 47 euros. La prima de renovables sube hasta los 253 euros y los costes de distribución pasan de 120 a 176 euros. Los gastos de transporte son de 52 euros y el coste de la energía pasa a 199 euros.