El PSOE recurre ante el Constitucional la ley de tasas judiciales
La portavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, tras presentar en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Tasas Judiciales, al considerar que "recorta" el derecho de los ciudadanos al acceso a la justicia. Kote Rodrigo / EFE

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el PSOE contra tres normas del Gobierno: la reforma de la ley de tasas judiciales, la que endurece las condiciones de acceso a las jubilaciones anticipada y parcial y la de protección de los titulares minoristas de preferentes.

El alto tribunal ha dado traslado de sus decisiones al Congreso, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el procedimiento en un plazo de 15 días y hacer las alegaciones que estimen convenientes.

Los socialistas presentaron un recurso contra el real decreto de 15 de marzo "De medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo" el pasado 13 de junio. Once días después hacían lo mismo con el real decreto ley que creaba la comisión por la que se fijaron los criterios para que los preferentistas accedan a los arbitrajes.

En el decreto sobre las prejubilaciones se establece que los trabajadores que quieran jubilarse antes de tiempo deberán tener más años cotizados (35) y se quedarán con una pensión menor, mientras que tendrán más facilidades quienes quieran compatibilizar su prestación con un trabajo. Asimismo, desincentiva la jubilación parcial y traspasa a las empresas el coste de despedir a sus trabajadores de más de 50 años.

El recurso alega entre otros motivos que el Gobierno, no sólo ha vulnerado el Pacto de Toledo, sino que pretende de forma errónea regular por decreto ley derechos, deberes y libertades contenidos en el título I de la Constitución Española (principios rectores de la política social y económica). También argumenta que a través de esa norma se ha reformado, sin motivo ni necesidad urgente, unilateralmente y sin consenso, la Seguridad Social y se ha cambiado una ley de 2011 del PSOE que se aprobó en el marco del Pacto de Toledo y que establecía el aumento progresivo de la edad de jubilación a 67 años.

Sobre el real decreto ley que hace referencia a las preferentes, los socialistas alegan que no ha solucionado la situación de los preferentistas y su aprobación no respondía al requisito constitucional de "extraordinaria y urgente necesidad". El PSOE considera que antes de la aplicación de la norma "existía un evidente problema social" relacionado con la comercialización de preferentes, dado que muchos de los tenedores "no habían podido recuperar el capital invertido ni habían recibido compensación alguna", situación que no ha cambiado después. "Ninguno de los mecanismos arbitrados para solucionarla ha resultado eficaz", insiste el escrito.

Los socialistas aprovechan la ocasión para criticar el "continuo recurso al decreto ley" por parte del Gobierno, que ha dictado 36 en esta legislatura, un número "exorbitante" que demuestra la utilización "claramente abusiva" de un procedimiento que la propia Constitución contempla como extraordinario. Un uso que, en su opinión, "desvirtúa por sí mismo los fundamentos de la democracia parlamentaria y el sistema clásico de fuentes de derecho y de división de poderes del sistema constitucional".

En cuanto al recurso contra las tasas judiciales, presentado junto a la Plataforma Justicia para Todos, el pasado 21 de marzo, el Constitucional ya admitió a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía contra la ley de tasas judiciales impulsada por el Gobierno central.

Tras la aprobación de la ley, el Ejecutivo sacó adelante un real decreto-ley que la modificaba y que reducía en un 80% las tasas judiciales variables de las personas físicas en primera instancia y en los recursos de algunos órdenes. También establecía la devolución de las tasas cobradas a los futuros beneficiarios de la justicia gratuita. Los socialistas opinan que dichas tasas "recortan" el acceso a la justicia y que la modificación de la propuesta inicial es simplemente "un lavado de cara".