Los ponentes de la Ley de Transparencia celebrarán un máximo de cinco sesiones los días 10, 11, 16 y 17 de julio, en las que negociarán a puerta cerrada más de 400 enmiendas, tras lo cual la Comisión Constitucional aprobará su dictamen el día 23 y el pleno del Congreso lo ratificará la segunda semana de septiembre.

Aunque estaba previsto que el pleno del Congreso aprobara la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno a finales de julio, la ponencia constituida este martes ha acordado aplazar ese debate a septiembre, si bien el retraso efectivo será sólo de una semana, al ser agosto mes inhábil para la actividad parlamentaria.

El nuevo calendario se ha acordado en un breve encuentro tras el cual el ponente del PP José Antonio Bermúdez de Castro ha defendido que el Reglamento de la Cámara establece que las reuniones de las ponencias se realicen a puerta cerrada y que esa fórmula "facilita el acuerdo", al no estar los diputados tan pendientes de las formas a las que obliga "otro tipo de debate marcado por la luz y taquígrafos".

Bermúdez de Castro ha garantizado, no obstante, que los ponentes darán cuenta de lo avances de su negociación durante las "pausas" de las reuniones y al final de ellas.

El plan de trabajo acordado fija sesiones el 10 de julio por la mañana y por la tarde y el 11 de julio por la mañana, y reserva unas horas antes y después del pleno que los diputados celebrarán el 16 y 17 de julio en el Senado, con motivo de las obras de restauración del Congreso.

En esas cinco sesiones, el PP intentará llegar al "máximo acuerdo posible" en torno al que está considerado el proyecto estrella del Gobierno para la regeneración democrática y mantener el "sosiego" y el debate "continuado de muchas horas" que ha marcado la tramitación atípica de esta ley en los últimos meses.

o Si los plazos discurren según lo previsto por el Gobierno, el Senado estudiaría la ley durante el otoño, de forma que podría estar aprobada definitivamente antes de que acabe el año.

PP y PSOE, que han protagonizado las negociaciones en los últimos meses, confían en atraer al consenso también a los nacionalistas de CiU y PNV que, a última hora, decidieron también retirar su enmienda a la totalidad en aras de un acuerdo más amplio.

Entre las enmiendas presentadas por los grupos y que ahora serán debatidas por la ponencia, destaca una acordada por el PP y el PSOE que establece que será la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno la que tramite las peticiones de información sobre la Casa del Rey.

El PP fija también que las entidades privadas que tengan al menos el 50% de sus ingresos anuales procedentes de subvenciones públicas estén sujetas a esta ley —siempre que alcancen como mínimo los 3.000 euros —, al igual que aquellas que reciban en un año ayudas públicas de más de 100.000 euros.

Por su parte, el PSOE rebaja al 40% ese porcentaje, al igual que CiU, mientras que IU y UPyD no establecen ningún límite de ingresos públicos al respecto.

En el ámbito de las instituciones, se incorporan al ámbito de aplicación a la Casa del Rey, el Congreso y el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas.

Entre las sesenta enmiendas del PSOE, destaca su rechazo a que se pueda inhabilitar o cesar a cargos electos, como alcaldes o concejales, por incumplir los preceptos de la norma, al considerarlo inconstitucional, enmienda en la que coincide con CiU.

Los socialistas rebajan además las restricciones de acceso a la información, que en la norma remitida inicialmente al Congreso afectaba a amplias áreas del Gobierno, y las deja en aquellas que causen un perjuicio grave para la seguridad nacional, las relaciones exteriores, los intereses económicos y comerciales, la investigación penal o el secreto profesional, entre otros.