En Europa, todos los países de más de un millón de habitantes tienen alguna norma que regula el acceso de los ciudadanos a la información sobre los gobiernos y sus administraciones. España era la excepción a la norma, pero este jueves ha entrado en la lista con la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la denominada Ley de Transparencia Acceso a la Información y Buen Gobierno.

En total, hay 95 países en el mundo, según el Global Right to Information Rating, que poseen leyes de transparencia de información sobre sus entidades públicas y gobiernos. El Gobierno español dio un primer paso en marzo de 2012, cuando el Consejo de Ministros aprobó un texto que después se sometió al escrutinio ciudadano y sobre el que se realizaron "una veintena" de cambios, que en mayo dieron lugar a otro documento que no satisfizo demasiado a los expertos.

En julio de 2012 el ya Proyecto de Ley se remitió a las Cortes, donde se debatió durante cerca de un año hasta su aprobación el pasado mes de septiembre. Por la comisión correspondiente pasaron varios expertos en el tema para dar su opinión. En octubre, el proyecto fue al Senado, donde recibió 269 enmiendas.

Finalmente, se aprobaron 32 enmiendas del PP y otras nueve aceptadas a los grupos de la oposición. Recibió luz verde este jueves en el Congreso con el apoyo del PP, CiU, PNV, CC, UPN y Foro, y el rechazo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto (ERC, Amaiur, BNG, Compromís y Geroa Bai).

La parte correspondiente al Código de Buen Gobierno entrará en vigor en el momento de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que la parte de Transparencia e Información tendrá un año de plazo. Las comunidades autónomas y ayuntamientos tendrán una moratoria de dos años.

La ley de Transparencia fue una promesa electoral del gobierno de Mariano Rajoy y también un propósito del anterior Ejecutivo. Sin embargo, desde su primera concepción hasta la actualidad ha cambiado bastante. En distintas rectificaciones, el Gobierno ha ido incluyendo a partidos políticos, la casa real y hasta la Iglesia.

La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.

Es decir esta norma obliga a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permite a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos, así como solicitar más información.

Tras las aportaciones ciudadanas, se amplió la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que se incluyó lo relativo a los contratos públicos. Además, se estableció la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.

Las enmiendas en el trámite parlamentario también han introducido varios cambios, incluida una disposición adicional que modifica la Ley Contra el Blanqueo y la Financiación del terrorismo de 2010. Esto afecta a casi todas las actividades que suponen movimientos de capitales y que realizan, por ejemplo, entidades financieras, aseguradores, gestores de fondos de pensiones, profesionales de la intermediación y casinos.

Pretende incrementar la transparencia en la actividad de la Administración y reforzar la responsabilidad de los gobernantes dando el derecho de acceso a la información pública en España de todas las personas. Por un lado, reconoce la información de las instituciones públicas, y por otro lado la obligación de la instituciones públicas a dar esa información de forma proactiva.

Según la coordinadora de la Coalición Pro Acceso, Victoria Anderica, "con esta legislación se sabría en qué se gasta realmente el dinero. Habría una lista de publicaciones e informes en los cuales basan sus decisiones, los contratos, las licitaciones….".

La ley establecerá además, por primera vez en España, un baremo público y aprobado por las Cortes Generales en la ley de los Presupuestos Generales de retribución para los cargos municipales. Tras las aportaciones ciudadanas, se impulsó además la "adopción de mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada".

Una enmienda del PNV consiguió modificar el preámbulo de la ley con el objetivo de profundizar en la obligación de los poderes públicos de rendir cuentas a los ciudadanos y someterse al "escrutinio" de la sociedad.

La ley establece cerca de cuarenta de infracciones, la mayoría muy graves, en materia de gestión económico-presupuestaria y disciplinarias.

El régimen sancionador se divide en tres ámbitos: "infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario". Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Estabilidad Presupuestaria.

En el caso de infracciones graves, podrá haber un cese en el cargo político así como una inhabilitación política entre un periodo entre cinco y diez años.

La ley impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. Entre las sanciones contempladas por la ley se encuentran: destituciones de cargos públicos, no percepción de pensiones indemnizatorias, obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y obligación de indemnizar a la Hacienda Pública.

A partir de modificaciones en el Código Penal y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se tipificarán infracciones para castigar las conductas más graves que sean merecedoras de sanciones penales, incluida la pena de prisión, que podrá oscilar entre uno y cuatro años de cárcel. Será causa de inelegibilidad el haber sido sancionado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la ley.

Tras las aportaciones ciudadanas se creó una nueva infracción grave por el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos. Los ciudadanos podrán recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno.

Una enmienda de CiU en el Senado introdujo la exigencia de dar publicidad activa a la información también para las entidades privadas que reciban dinero público, al menos, 5.000 euros anuales.

En España nunca ha existido una ley de acceso a la información pública. Un 50% de las peticiones de los ciudadanos sobre datos públicos quedan sin respuesta según denuncia Access Info Europe, ya que no hay una ley que obligue a las instituciones a facilitar dicha información.

El anteproyecto de ley fue aprobado en marzo de 2012 por el Consejo de Ministros. Después, se abrió un plazo de diez días para que los ciudadanos hicieran sus aportaciones al texto y algunas de ellas se incorporaron. En mayo de 2012, se aprobó el texto actualizado y se remitió a la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado para que dieran su opinión.

En julio de 2012 se dio luz verde al Proyecto de Ley y su remisión a las Cortes Generales para la tramitación parlamentaria. El Congreso aprobó el proyecto en septiembre y el Senado, en noviembre. El 28 de noviembre queda definitivamente aprobado en el Congreso.

La parte correspondiente al Código de Buen Gobierno entrará en vigor en el momento de la publicación en el BOE, mientras que la parte de Transparencia e Información tendrá un año de plazo, como máximo. Este año de carencia afectará a la Administración General del Estado -Gobierno, los organismos adscritos e instituciones como Congreso, Senado, Banco de España y casa del rey- y las entidades privadas.

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, gracias a una enmienda que el PP introdujo en el Senado, tendrán hasta dos años de moratoria. Para entonces ya se habrán celebrado las elecciones locales y autonómicas previstas para la primavera de 2015. Con este año 'extra' se pretende dar margen a las comunidades que lo deseen para aprobar su propia legislación en esta materia.

La ley obliga a ser transparentes a todos los poderes del Estado, casa real incluida, y al conjunto de las Administraciones Públicas. También a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, el Banco de España, las mutuas laborales y hasta la Iglesia, es decir: organizaciones cuya información económica sea "relevante".

La Transparencia y el Acceso a la información pública afectan a todas las Administraciones Públicas; Congreso, Senado y órganos como el Tribunal Constitucional, el CGPJ, el Consejo de Estado (y órganos autonómicos equivalentes), el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y Corporaciones de Derecho Público en sus actividades sujetas a Derecho administrativo; organismos autónomos; entidades de Derecho Público y Sociedades Mercantiles con participación pública mayoritaria.

Se incluyen personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. Tras las aportaciones ciudadanas, se incluyeron los colegios profesionales y también los adjudicatarios de contratos públicos. La casa real se convertirá en la primera monarquía europea sometida a una ley de este tipo, según el Gobierno.

Estarán incluidas las entidades privadas que reciban más de 100.000 euros anuales de dinero público o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros.

Los ministros o secretarios de Estado que vulneren el Código de Buen Gobierno serán sancionados por el Consejo de Ministros. Los demás altos cargos serán sancionados por el Ministerio de Hacienda, exceptuando los de la administración local y autonómica, de los que se ocupará la correspondiente administración.

Las instituciones públicas afectadas estarán obligadas a publicar de forma periódica y actualizada su organigrama, sus planes programas, objetivos y actividades, con grado de cumplimiento e indicadores.

También, las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares, respuestas a consultas planteadas, proyectos legislativos, memorias e informes, y todos sus contratos, convenios, encomiendas de gestión, subvenciones y ayudas públicas concedidas, presupuestos, auditorías e informes de fiscalización.

Publicarán además las retribuciones percibidas anualmente por sus altos cargos y máximos responsables y las indemnizaciones que perciban los que abandonen el cargo, las resoluciones de compatibilidad y las declaraciones de bienes y actividades de los representantes locales.

Los partidos, los sindicatos, la patronal y las entidades privadas deberán publicar los contratos y convenios que firmen con las administraciones públicas y las subvenciones y ayudas que reciben. Las administraciones públicas publicarán igualmente la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.

El Consejo de Transparencia y buen Gobierno, de nueva creación, será quien vele por el cumplimiento de la norma. Este es otro punto en el que el Gobierno recula y adapta una idea exigida por la oposición. El Ejecutivo quería encargar esta labor a una institución ya existente como la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, dependiente de Hacienda.

El consejo tendrá "los perfiles de mayor independencia y especialización que exige el espíritu de esta ley", según explicó la vicepresidenta. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda, que propondrá el nombre de su presidente -el único que recibirá retribución- al Consejo de Ministros.

Tendrá una comisión formada por siete personas: un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, otro del Defensor del Pueblo, otro de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y otro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Su mandato será de cinco años y tendrá que contar con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso. A partir de la aprobación de la ley, el Gobierno tiene tres meses para aprobar el Estatuto que regulará el funcionamiento del Consejo. Solo tendrá competencias en aquellas comunidades autónomas que hayan firmado un convenio al efecto.

Tendrá que remitir su informe anual al Congreso y al Senado y podrá promover borradores con recomendaciones y directrices en la materia.

Los ciudadanos podrán saber qué hacen los gobernantes con sus impuestos. Para la Coalición Pro Acceso se podría hacer un balance mejor para votar a sus representantes. Para Victoria Anderica, la transparencia también tiene un efecto directo en los actos corruptos; si cualquier persona puede pedir la información, se tendrá más cuidado.

Otra de las razones por la que es necesaria esta ley es para que haya más transparencia sobre el funcionamiento de la Administración, que podría desembocar en una mayor eficiencia de las mismas.

Normalmente, en otros países, la ley de acceso a la información contempla unos 15 días desde que el ciudadano pide los datos hasta que los recibe. La norma española contempla la notificación en el plazo máximo de un mes ampliable a otro mes, pero si transcurre este plazo sin que se haya dictado se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

Tras las aportaciones ciudadanas se introdujo como criterio para negar información a un solicitante que exista un riesgo de perjuicio por el hecho de que la información se haga pública, pero también que no exista un interés superior que respalde la publicación. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave.

La titularidad del derecho de acceso a la información pública "se reconoce a todas las personas". Se garantiza eficazmente, además, el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad. Los ciudadanos podrán utilizar las lenguas cooficiales al dirigirse a las administraciones, aunque no será obligatorio en la respuesta de las instituciones.

Los ciudadanos podrán dirigir una solicitud de información adicional al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información, sin necesidad de motivarla. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia la identidad del solicitante, de la información que solicita y de una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.

Las organizaciones que defienden la transparencia creen que el gasto es una de las preocupaciones del actual y anterior Gobierno. La Coalición Pro Acceso cree que imponer un sistema de transparencia incluye un gasto inevitable. Además los funcionarios van a tener que responder a preguntas, algo que lleva tiempo y dinero. La mejor manera de hacerlo y más austera será a través de Internet.

El Gobierno está ultimando el 'Portal Digital de la Transparencia', que costará 1,4 millones de euros y al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información, que no necesitará motivación, y que recogerá datos relativos a concursos, subvenciones o sueldos de los altos cargos.

Este portal contendrá, al menos, tres tipos distintos de información: de carácter organizativo (funciones, normativa, estructura y planificación de todos los ministerios); jurídico (directrices, anteproyectos de ley, memorias e informes), y también de contenido económico (publicación de expedientes de contratos, convenios, presupuestos, subvenciones y estadísticas).

La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la casa del rey.

La solicitud de información sólo se limitará en aquellos casos en que entre en conflicto con otros intereses protegidos. Si la información solicitada contuviera datos personales, sólo se facilitará si cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que éste hubiese hecho públicos esos datos con anterioridad

En el Senado se introdujo una disposición adicional para permitir la reutilización de la información de las encuestas realizadas con cargo a fondos públicos. Toda esa documentación deberá ser depositada en el banco de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el incumplimiento de esta exigencia impedirá lograr nuevas subvenciones en el futuro.

Sin embargo, la propuesta incluye excepciones, como el caso de los datos de encuestas "determinantes o indispensables para la política estratégica interna" de una empresa o entidad. Tampoco estarán obligados a depositar toda esta información la SEPI, el INE y los organismos similares de las comunidades autónomas, así como quienes realizan las estadísticas oficiales anuales estatales y europeas.

En la actualidad hay 95 países en todo el mundo con leyes de acceso a la información pública. La web Global Right to Infomation Rating recoge todas estas leyes, ordenadas de mejor a peor y por países. En Europa no tienen ningún tipo de leyes 'transparentes' Chipre y Luxemburgo.

Algunas comunidades españolas habían dado pasos en este sentido. Es el caso de Navarra, que tiene en vigor desde finales de 2012 una ley Foral de Transparencia y Gobierno abierto, y Euskadi, región que ultimó con Patxi López un proyecto de ley de Transparencia y que ha puesto en marcha iniciativas como Irekia u Open Data.

Reino Unido ha sido uno de los últimos países en poner en vigor de manera efectiva una ley de este tipo. Al principio de aprobarse en 2005 se solicitaron las facturas de las dietas de los diputados y el periódico inglés The Guardian las publicó en la web. Había algunas facturas que destaparon que algunos diputados compraron con dinero público desde artículos para su jardín hasta casas para su pato.

Durante cuatro años, los ingleses realizaron más de 4.000 solicitudes para conocer cualquier dato de las instituciones públicas. También se ha creado una web inglesa que recoge, a través de un buscador, todo tipo de información sobre las solicitudes ya realizadas en Reino Unido. En otros países como Estados Unidos, el gobierno impulsó el portal data.gov para dar mayor transparencia.

De hecho, el Ejecutivo español anunció cuando aprobó el proyecto de ley su intención de sumarse a la Iniciativa Mundial para un Gobierno Abierto (Open Government Partnership) que Barack Obama y Dilma Rousseff impulsaron en Nueva York en julio de 2010. Por eso, presentó la Ley de Transparencia  el 17 de abril de 2012 en la conferencia internacional en Brasilia, donde España firmó la Declaración Internacional de Gobierno Abierto.

Según apuntó en su día la Oficina del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la ley tiene varios puntos sujetos a crítica: