Las información aportada este martes por Hacienda en relación a la "imputación indebida" de 13 operaciones a la infanta Cristina parece no convencer a nadie. A las numerosas reacciones que ha provocado se suma la de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), para la que resulta inexplicable que ningún responsable del ministerio haya dado una explicación "completa y precisa" de lo ocurrido.

"La falta de una justificación precisa, unida a la tardanza en reaccionar, potencian las especulaciones sobre el asunto", advierte. Asimismo afirma que la existencia de imputaciones incorrectas a la hija del rey en 2005 y 2006 "es una consecuencia de la situación de las fuentes de información en dichos años, o del proceso de transmisión de las mismas, que se ha ido corrigiendo con la voluntad y el esfuerzo de las partes".

Los inspectores niegan así en un comunicado que lo ocurrido se deba a una actuación deficiente de la Agencia Tributaria o de los notarios, en respuesta al Ministerio de Hacienda. Este ha culpado a notarios y registradores de 11 de los 13 errores y de los otros dos, a la propia Agencia Tributaria.

La organización hace hincapié en la necesidad de contar con "la máxima información de los contribuyentes y de sus actividades" para poder perseguir el fraude fiscal y destaca la importancia que se ha dado a que las fuentes de información inmobiliaria fueran "las máximas posibles y de la mejor calidad". Considera que se ha conseguido, pero reconoce que el punto de partida para llegar a la situación actual no se produjo hasta la aprobación de una serie de normativas en 2005 y 2006.

"Las bases de datos de la Agencia permiten, de forma automática e instantánea, todas las operaciones que se le imputan a cualquier persona o empresa, accediendo por su número de NIF", indica. Y agrega: "Cualquier información incorrecta que contenga la base de datos inmobiliaria, como la identificación errónea en una operación del DNI o del inmueble, puede ser fácilmente detectada examinando el resto de fuentes de información, de fácil acceso".

Los inspectores de Hacienda recuerdan que en 2004 y 2005, la Agencia Tributaria hizo un diagnóstico de las fuentes disponibles y de la calidad de la información que le llegaba, en el que se detectaron, entre otros errores, 135.414 registros con fallos en el NIF. En relación a este punto explican que el sistema informático rechazaba "no solo los que no eran correctos, de acuerdo con la secuencia de números y letra, sino también otros que, aun siendo válidos formalmente, no correspondían a contribuyentes reales, o se referían a contribuyentes no identificados en la base de datos o que habían fallecido".

Detectados los problemas, "se corrigieron eficazmente en su mayor parte en los años siguientes", continúa el comunicado. "Pero hay que demostrar que la infanta estaba en esos casos de errores, aportando el detalle necesario", incide.

IHE critica que no se haya explicado el motivo por el que a partir de 2007 no se incluyó a doña Cristina en los planes de inspección, "cuando hubiera sido lo normal, ya que la información existente en la base de datos figuraba como correcta, hasta que se ha descubierto el error". En los procesos por los que se selecciona a quienes hay que inspeccionar "resulta lógico y habitual no elegir a aquellos contribuyentes en los que se detecte algún error en la información".

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda concluye asimismo que "la Agencia no se debe escudar en normas legales o en el gran número de requerimientos que tiene que atender para enviar una información de estas características sin un mínimo de contraste". Por ello exige la reforma de los protocolos de envío de información al exterior y aboga incluso por modificar la legislación para que los interesados puedan solicitar los datos a la fuente de origen, que en este caso son los notarios.

Sobre el asunto de la infanta se ha pronunciado también la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), que en línea similar ha querido salir en defensa de la profesionalidad de los empleados públicos de la Agencia Tributaria. El sindicato habla del "desprestigio al que están siendo sometidos y la falta de contundencia en su defensa por parte de los directivos de este organismo". El CSI-F señala que "el conjunto de los empleados públicos de la Agencia Tributaria no tiene autorizaciones para controlar a este perfil de contribuyentes, con lo que deben ser los responsables los que den una explicación sobre lo ocurrido".