La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha avisado al Congreso de que no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus 4.500 organizaciones, ni informará de sus ingresos privados, pues considera que el principio de transparencia sólo debe afectar al uso de recursos públicos, que en su opinión sólo suponen un tercio de su presupuesto.  

Así lo ha explicado en la Comisión Constitucional de la Cámara el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, citado por el Parlamento para exponer su posición ante la nueva Ley de Transparencia, que va a afectar también a la patronal y a los sindicatos.

Según ha detallado, de los 19,6 millones del presupuesto de la CEOE para 2013, sólo un tercio procede de fondos públicos (6,2 millones) pues el resto procede de cuotas de las organizaciones (13 millones). Además, ha indicado que esas subvenciones que reciben no son "aportaciones genéricas a fondo perdido", sino que se destinan a proyectos concretos cofinanciados o a la formación.

A su juicio, el principio de transparencia debe alcanzar a esos ingresos públicos pero no a los privados, y en todo caso debe habilitarse un "control flexible" que no obstaculice el funcionamiento de las 4.500 entidades que forman parte de la CEOE, algunas de ellas "muy pequeñas y de un presupuesto anual que no supera los 100.000 euros.

Lázaro Montero de Espinosa ha insistido en que la CEOE respalda que se dé información sobre los convenios de ayudas públicas, porque se trata de dar la máxima transparencia al uso del dinero público, pero cree que "no tiene sentido que una entidad privada deba informar de la ejecución del presupuesto o auditar sus cuentas obligatoriamente".

En su opinión, tanto la patronal como los sindicatos merecen un desarrollo legislativo "específico" porque un control idéntico al del sector público "no sería proporcional". "Las aportaciones privadas no deberían estar sujetas a los principios (de Transparencia) porque son aportaciones de entidades privadas", ha remarcado.

Además, el representante de la CEOE ha pedido que la nueva legislación no coarte la acción de las pequeñas organizaciones empresariales porque lo que está en juego en la competitividad colectiva y si al final se decide algo que restrinja el margen de maniobra de las "pequeñísimas" organizaciones empresariales, no se contribuirá a la salida de la crisis.

Por su parte, los sindicatos UGT y CC OO han exigido este jueves que su sometimiento a la Ley de Transparencia no limite su "completa autonomía organizativa" ni suponga una "injerencia de los poderes públicos" en la libertad sindical.

Así lo han manifestado el secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell i Lliró, y el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que tramita el texto.

Benito ha advertido de que, en el caso de las organizaciones sindicales, la obligación de "información activa" que recoge la ley debe "quedar limitada al ámbito de la gestión de los recursos públicos y de los programas de financiación pública que gestionan".

Asimismo ha defendido que tampoco hay que "confundir" la obligación de los sindicatos con la de los partidos políticos "a la hora de dar cuenta ante el conjunto de la sociedad de su financiación, su actividad y los posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes".

Monell i Lliró, por su parte, ha recordado que, según la OIT, una "disposición que reserve al Gobierno el derecho de verificar los fondos sindicales es incompatible con el principio de que los sindicatos deben tener el derecho de organizar su administración y que las autoridades públicas deben abstenerse de cualquier intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio".