El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno pasará este jueves su primera criba en el pleno del Congreso, con el apoyo del PP, la abstención del PSOE y Coalición Canaria y el rechazo del resto de la oposición, que ha presentado ocho enmiendas a la totalidad del texto.

Los nacionalistas CiU y PNV, que estuvieron a punto de llegar a un acuerdo con el Gobierno la semana pasada, fundamentan su rechazo al texto en la "invasión competencial" que, a su juicio, supone que el ministro de Administraciones Públicas pueda sancionar a consejeros autonómicos e incluso cesar a alcaldes.

Coalición Canaria comparte esa posición, pero se abstendrá por considerar que la aprobación de esta ley "no puede retrasarse más".

Para la Izquierda Plural, UPyD, ERC, Amaiur, BNG y Compromís el problema es que la ley se queda corta, no responde a las exigencias de la sociedad, ni equipara la transparencia de la Casa Real a la de las administraciones.

El Gobierno, que aspira a aprobar esta ley con el mayor acuerdo posible, considera que el rechazo de los grupos minoritarios responde a una posición "táctica" para tener más fuerza en la negociación y contentar a sus bases.

Además, las conversaciones que ha mantenido el Ejecutivo con los grupos parlamentarios en los últimos meses han fructificado en acuerdos no escritos para introducir modificaciones en el texto, pero algunos grupos, como UPyD, lo han ignorado en sus enmiendas a la totalidad.

El principal ejemplo se refiere al ámbito de aplicación de la ley, ya que el proyecto redactado hace más de ocho meses, que es el que se debate, no incluye a los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales ni a la Casa Real, aunque el Gobierno se ha comprometido a que estén dentro.

Los socialistas se abstendrán con el argumento de que es "urgente" y "necesario" que España cuente con una ley de este tipo y condicionan su voto a favor a que se incluya también a la Iglesia Católica, se retire la facultad sancionadora del ministro Montoro y se garantice la independencia del organismo que velará por el cumplimiento de la norma.

IU, por su parte, critica que la Casa Real vaya a estar incluida con rango de "segunda división" y advierte que esta ley no permitirá avanzar "mucho más" en el conocimiento público que se tiene de la Corona.

Las ocho enmiendas a la totalidad conllevan la petición de devolución al Gobierno excepto la de ERC, que ha presentado un texto alternativo con propuestas como que la ley obligue a la publicación de las balanzas fiscales y que se territorialicen los presupuestos y otros datos. También propone nuevas limitaciones a los sueldos, dietas, coches oficiales, tarjetas de crédito y regalos institucionales de los cargos públicos.

Tras el debate de este jueves , los grupos tienen de plazo hasta el 11 de junio para registrar sus enmiendas parciales y a partir de entonces comenzarán los trabajos en la ponencia con el objetivo aprobar la ley en julio en el Congreso y antes de final de año en el Senado.