La protesta convocado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Asamblea del 15 M Safor-Valldigna en Gandía, en Valencia, ha terminado esta tarde con un enfrentamiento verbal entre el alcalde de la ciudad, Arturo Torró, y otros dirigentes del Partido Popular de la ciudad, con algunos de los representantes de la plataforma.

Unas 50 personas se han concentrado esta tarde a las puertas de la sede del Partido Popular, convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, para pedir que se apruebe la nueva Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios. En ese momento han advertido de que lo hacían con un escrache pacífico. Los manifestantes han leído un comunicado y han lanzado consignas como: 'Sí se puede, pero no quieren'.

Al finalizar la lectura del manifiesto, un miembro de la plataforma, Joan Cogollos, junto a representantes de tres familias en proceso de desahucio han entrado en la sede, que permanecía con las puertas abiertas, "con la intención de explicarles al alcalde nuestros motivos, y que conociesen de cerca el dolor que sienten estas personas y lo retransmitan a aquellos que tienen que votar la ILP".

La conversación entre el alcalde y el representante del colectivo sobre las ayudas que recibían estas familias por parte del gobierno municipal ha ido aumentando la tensión hasta terminar en discusión. Pocos miembros más de la Plataforma han entrado también en el edificio, y se han enfrentado a otros miembros del partido en Gandía.

Aunque la discusión se ha producido ante agentes de la Policía Local, éstos no han tenido que intervenir y los representantes de la plataforma han abandonado la sede. Una vez ha finalizado el incidente, el alcalde ha comparecido ante los medios de comunicación y ha asegurado: "Cuando he visto que iban a hacer un escrache, después de ver todo lo que han hecho con los políticos, he pensado que por ahí no vamos a pasar. No vamos a permitir que nos amenacen. Los 'escraches' lo que hacen es utilizar métodos que han sido utilizado por dictaduras, estos métodos han sido utilizados por los nazis para señalar a los judíos".

Arturo Torró ha señalado que la vía a seguir "es la ley, no venir a mi casa, a nuestras casas. No lo voy a permitir". Por su parte, la plataforma ha emitido un comunicado en el que aseguran "con el ánimo que siempre nos caracteriza de dialogar para conseguir que los políticos se sensibilicen con este drama social hemos utilizado la palabra respetuosa".

"Por contra, y en presencia de cerca de una decena de periodistas y miembros de la Policía Local, tanto el miembro de la PAH como las personas afectadas han recibido hoy como respuesta: la exaltación, el ataque personal y los insultos", ha lamentado.

"Nos apena que se haya perdido esta oportunidad de diálogo con las personas afectadas, ya que el motivo de esta concentración era la de instar a los políticos para que se aprueben las medidas de Iniciativa Legislativa Popular: dación de pago retroactiva, paralización de los deshaucios y alquiler social", han manifestado desde la PAH.

El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha calificado como "inaceptables" los "acosos" que están sufriendo los distintos representantes y trabajadores del partido y ha condenado la concentración de un grupo de personas que tuvo lugar este martes ante el domicilio de la madre de la diputada 'popular' Concha de Santa Ana.

En un comunicado, afirma que estas acciones suponen "un atropello a la voluntad popular expresada en las urnas", ha expresado su "solidaridad y cariño" con la familia de De Santa Ana y ha señalado que los hechos que se están repitiendo en las últimas semanas contra los domicilios de responsables del PP suponen "una alteración de las reglas democráticas porque suponen un intento de presionarles y de alterar su acción política por la vía de la coacción".

En relación con la plataforma contra los desahucios que convocó este martes una concentración en la sede del PP que derivó en el "acoso" al domicilio familiar de la diputada Concha de Santa Ana, el presidente provincial del PP ha asegurado que comprende la "difícil situación" que atraviesan familias que no pueden pagar sus hipotecas, "en ocasiones sustentadas con cláusulas claramente abusivas", pero ha añadido "que el acoso no puede ser la fórmula de defender una postura política".