La infanta gozará de los mismos derechos que cualquier imputado y sin protección jurídica especial

La infanta Cristina, en una imagen de archivo.
La infanta Cristina, en una imagen de archivo.
EFE
La infanta Cristina, en una imagen de archivo.

La imputación dictada este miércoles por el juez José Castro (si finalmente no se acepta el recurso de la Fiscalía contra su decisión) abre un camino procesal para Cristina de Borbón que, tal como afirman fuentes jurídicas, será esencialmente igual que el que seguiría cualquier ciudadano de a pie en un caso similar.

"A efectos procesales no existe un estatus específico para las infantas ni otros miembros de la casa real: ni están aforadas, como los diputados, ni gozan de inviolabilidad, como el jefe del Estado", señala Ignacio Gallego, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona. Tiene los mismos derechos que cualquier otro imputado, y podrá contestar o no contestar a las preguntas que se le hagan.

La imputación no implica la culpabilidad de la persona, ni acaba con su presunción de inocencia. Bien al contrario, la figura de la imputación se ampara sobre todo en el derecho a la defensa de los acusados. "La imputación como tal es un acto que estrictamente ocurre únicamente dentro del proceso penal, es decir, una vez iniciado el procedimiento", señala el jurista Pedro Manuel Bonilla en un artículo doctrinal sobre el proceso penal.

La infanta, tras su imputación como presunta cómplice en el caso Nóos, está obligada a comparecer el próximo 27 de abril en los juzgados, y tiene derecho a acudir con un abogado y un procurador, quienes tendrán "conocimiento" y acceso a toda la causa. Aunque existe la "obligación de comparecencia", Cristina podría no tener que trasladarse a Palma de Mallorca, ya que es "una práctica usual" que imputados y testigos que no residan en la sede judicial puedan prestar declaración en la propia sede judicial de residencia, explica el profesor Gallego.

Derecho a 'proteger' a su marido

Durante su declaración judicial, entre los derechos a los que se podrá acoger la infanta (al igual que cualquier otro imputado) está el de no declarar nada que pueda ir en contra de su cónyuge, el también imputado Iñaki Urdangarin. Este tipo de respuestas gozan de un "derecho reforzado" para los imputados, que pueden mentir o no contestar para no perjudicar a marido.

Mientras, "el juez continuará la instrucción, recopilando pruebas y testimonios", explican otras fuentes jurídicas, que indican que el juez instructor podría "retirar la imputación" si las explicaciones que aporte la infanta Cristina le convencen. "Si no", añaden estas mismas fuentes, "el proceso seguirá su curso y cuando el juez tenga más o menos claro qué hay, qué indicios pueden hacer pensar que ha habido delitos, hará un auto explicando todo razonadamente y recomendando que se abra juicio oral, que es donde en su caso se sustanciará todo", concluyen.

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