La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto una multa de más de 44 millones de euros a 15 empresas del sector papelero por formar un cártel con el que fijaron, durante más de 30 años, el precio y los contratos públicos de los sobres electorales utilizados en España. En un expediente resuelto el pasado 25 de marzo, la CNC considera probado que dichas empresas se repartieron el mercado español de sobres de papel entre los años 1977 y 2010.

Junto a la sanción impuesta a estas 15 empresas (Andaluza de Papel SA, Grupo Tompla, Antalis Envelopes Manufacturing SL, Unipapel Transformación y Distribución SA e Hispapel SA, entre otras) se acreditó además la participación en el cártel de otras 16 empresas, así como la principal asociación del sector, si bien no han sido incoadas debido a que su participación habría prescrito.

¿Cómo de caro nos ha costado la existencia de este acuerdo ilícito? Tras el desmantelamiento del mismo, organismos públicos como el Ministerio del Interior y la Agencia Tributaria, por ejemplo, han visto abaratadas las ofertas hasta un 40% y un 35% respectivamente.

La CNC considera probado que este cártel se puso de acuerdo entre 1977 y 2010 para fijar precios y repartirse el mercado a través de la licitaciones públicas de los procesos electorales de las distintas administraciones públicas, así como los sobres para el buzoneo de los partidos políticos. En el expediente se incluyen referencias de algunos de los empresarios refiriéndose al "puchero común" del que todos se aprovechaban.

Este "puchero", o "club" (tal como lo definían en ocasiones sus integrantes) se extendía también a las agrupaciones políticas, ya que al menos desde 1995 hasta 2010, "Tompla y Unipapel se repartieron la fabricación de los sobres electorales solicitados por los dos principales partidos políticos nacionales, PP y PSOE, para su publicidad electoral", tal como consta en el expediente.

Las empresas ahora sancionadas (en una investigación lograda tras la confesión de una de ellas) eran plénamente conscientes de la actividad ilícita que llevaban a cabo, tal como refleja el expediente tramitado por Competencia. Así, se constata como una investigación de la Comisión Europea "provoca el pánico" entre las compañías, y como una de ellas (Tompla) pide que se destruyan los posibles documentos comprometedores.

La misión en todo momento fue ocultar tanto a empresas, como a opinión pública, como a Gobierno, el pacto de no agresión que estas empresas mantenían. Tal como consta en el expediente recién tramitado (al que ha tenido acceso este diario) "una vez se adjudicaba la licitación a la empresa designada por el cártel, generalmene Unipapel, ésta facilitaba a las demás empresas del cártel las especificaciones y los identificativos para fabricar la cantidad de sobres señalados por el cártel".

En 2002, ante el riesgo de denuncia por parte de un exempleado de Unipapel, los empresarios del cártel aprobaron un protocolo de actuación para garantizar la confidencialidad de sus encuentros, y ordenaron la destrucción de todos los documentos hasta entonces, según fuentes de la CNC. Consta además, como consultoras internacionales como Arthur Andersen (ahora absorbida por Deloitte) se ofrecieron para organizar el cártel, y hasta cómo PwC fue contratada para supervisar los acuerdos.

Además, el regulador ha demostrado la adopción de acuerdos anticompetitivos secretos para repartirse hasta 223 grandes clientes nacionales ("tanto públicos como privados") en el sector de los sobres preimpresos entre 1990 y 2010, y de los sobres en blanco entre 1994 y 2010.

Tal como documenta la CNC, el cártel comenzó su andadura en 1977, "coincidiendo con la convocatoria de las primeras elecciones democráticas en España". A la vista del éxito en el reparto, dicho acuerdo fue reiterado en las Elecciones Generales de 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004 y 2008, así como para las Municipales, las europeas, las autonómicas y los referendos de la OTAN (1986)  y la Constitución Europea (2005).

Entre los clientes que tenían capturados (todos englobados en una lista de grandes clientes) "aparecen grandes empresas de los sectores financiero, energético o de telecomunicaciones", así como administraciones y entidades públicas como la Agencia Tributaria, el Ministerio de Economía, RTVE o Correos, entre otros. El truco: coordinar las ofertas y los precios que se presentaban a concurso, para que resultaran elegidas los acordados en cada ocasión.

Junto a los acuerdos de precio, las empresas del sector de sobres de papel llegaron a acuerdos ilícitos, según la CNC, en el ámbito innovador: limitaron los avances tecnológicos con la formación, en 1997, del consorcio Cover Formas SL, que suponía compartir todas las innovaciones tecnológicas y limitarlas únicamente a los integrantes del cártel.