Irlanda ve más cerca el fin de su rescate, después de lograr un acuerdo para aliviar su deuda bancaria y de que la tríada que forma la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI certificase la buena marcha de su programa económico.

Se trata de un día "histórico", aseguró el primer ministro irlandés, Enda Kenny, en una intervención ante el Parlamento en la que explicó los términos del acuerdo sellado con el BCE, que ahorrará al Estado, dijo, "miles de millones de euros".

Poco antes, la troika certificaba, tras concluir su novena revisión trimestral, que Dublín continúa cumpliendo con las condiciones del programa de ayuda concedido en 2010 por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional, por 85.000 millones de euros.

Kenny confirmó que, tras meses de intensas negociaciones, el BCE ha accedido a reestructurar la deuda pendiente de 28.000 millones de euros del Anglo Irish Bank, el banco cuyo colapso obligó a Dublín a pedir un rescate, y de la entidad financiera Irish Nationwide.

Según el dirigente conservador, el acuerdo sellado en Fráncfort permite la reestructuración del préstamo de 31.000 millones de euros concedido hace tres años para salvar a ambas entidades, nacionalizadas en 2009 y en proceso de cierre a través de la compañía estatal Irish Bank Resolution Corporation (IBRC).

El BCE concedió esos 31.000 millones de euros con la emisión de los llamados documentos de reconocimiento de deuda (IOU, en sus siglas en inglés), unos pagarés usados por Dublín para recapitalizar ambas entidades, que le obligaban a pagar cada año, hasta 2013, un interés del 8 %.

El próximo 31 de marzo Irlanda debía hacer frente a uno de esos pagos anuales, que ascendía a 3.100 millones de euros, motivo por el que había propuesto al BCE canjear los pagarés con deuda del Estado a largo plazo, con un vencimiento medio de 34 años.

El nuevo acuerdo, explicó hoy Kenny, permite canjear esos pagarés por bonos del Estado a largo plazo con un interés anual en torno al 3 %, lo que contribuirá, dijo, a que el Estado se "ahorre miles de millones de euros".

Desde Fráncfort, el presidente del BCE, Mario Draghi, no quiso ofrecer detalles sobre este plan ni siquiera confirmar su existencia, pero sí aseguró que, "por unanimidad" el consejo de gobierno de la entidad ha "tomado nota" de la "operación irlandesa".

Hasta ahora, el BCE se había mostrado reticente a permutar los pagarés por los bonos del Estado pues podría contravenir la normativa que impide a la entidad comunitaria financiar directamente a los gobiernos y habrá que ver si el acuerdo sienta un precedente para otros países con problemas de deuda bancaria.

Draghi aludía con esas palabras a la frenética actividad desarrollada por el Gobierno irlandés desde este miércoles, que desembocó la pasada madrugada en la aprobación en el Parlamento nacional de una nueva ley de emergencia encaminada a facilitar la liquidación definitiva del IBRC, que pasará ahora a formar parte de NAMA, el "banco malo" irlandés.

El plan de reestructuración tendrá un efecto positivo sobre la marcha del rescate a Irlanda, cuya "solidez" ha contribuido a mejorar "sustancialmente" su acceso a los mercados de financiación, así como las condiciones de su deuda soberana y bancaria, según la troika.

Los inspectores declararon este jueves que ambas partes han iniciado conversaciones para "preparar y apoyar" los planes de Dublín, que espera abandonar "con éxito y de manera duradera" su programa de ayuda a final de 2013.

"Irlanda continúa con su recuperación económica y se espera que vaya ganando impulso gradualmente", señaló la troika, al pronosticar que el Producto Interior Bruto (PIB) irlandés crecerá este año "por encima" del 1 % y del 2 % en 2014.

La tríada también destacó que Dublín logró el pasado año cumplir "cómodamente" con el objetivo de déficit público del 8,6 % fijado en el rescate, pues cerró 2012 con un déficit cuatro décimas por debajo del techo.

En este sentido, la troika aprobó, además, las medidas adoptadas por el Gobierno desde noviembre para ejecutar el plan de ajuste previsto para 2013, con el que espera ahorrar 3.500 millones de euros y alcanzar el objetivo de déficit público del 7,5 % del PIB establecido por la UE y el FMI.