Un informe del CGPJ denuncia un intento del Gobierno de controlar a los jueces

Interior de un juzgado, en una imagen de archivo.
Interior de un juzgado, en una imagen de archivo.
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La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó este miércoles por unanimidad un informe muy crítico con la reforma de este órgano que ha propuesto el Gobierno.

El informe duda de que el texto del Ministerio de Justicia respete la independencia del órgano de Gobierno de los jueces españoles. A juicio de la Comisión de Estudios, la reforma que quiere emprender Alberto Ruiz-Gallardón supondría convertir el Consejo en "una especie de Dirección General del Ministerio de Justicia", que así podría dirigir la política judicial en la forma que más convenga a sus intereses.

El texto, que no ha sufrido modificaciones sustanciales antes de ser votado, fue elaborado por Margarita Robles, vocal del ente. Robles advertía en su argumentación del "menoscabo" de "la independencia de jueces y magistrados" que supondrían las nuevas reglas del juego anunciadas por Gallardón.

Ahora, el informe será enviado para su discusión en el próximo pleno del CGPJ, órgano que se reúne cada 15 días. En esa sesión plenaria el CGPJ discutirá otros aspectos de la reforma que ha propuesto el Gobierno que este miércoles no suscitaron unanimidad entre los vocales, en especial la existencia de consejos autonómicos.

Los cambios

Para llevar a cabo la reforma, el Ministerio de Justicia debe contar con el informe del Consejo, que es obligatorio, pero no vinculante a la hora de que el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón tome una decisión.

El anteproyecto de reforma fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre. Según las nuevas pautas, la reforma restaría autonomía presupuestaria a este órgano y reduce el peso de las asociaciones de jueces (que se han manifestado en contra) en la elección de sus miembros. Según Gallardón, esto serviría para "despolitizar" el Consejo.

En la actualidad, los 20 miembros del CGPJ (Vocales) son elegidos por el Congreso y el Senado, aunque 12 de ellos son propuestos por los propios jueces (recogiendo avales) o a través de las asociaciones judiciales.

El sistema se mantendría, pero, ahora, todas las candidaturas (no un listado de 36 seleccionadas y enviadas por las asociaciones de jueces, como hasta ahora) se remitirán al Congreso y el Senado para que cada instancia elija directamente a los 6 vocales de extracción judicial que le corresponden. Esto rompe la promesa electoral del PP de que los jueces participasen en el sistema de elección de sus representantes.

La reforma establece que todos los vocales del CGPJ, salvo los seis que formen parte de la Comisión Permanente y el que sea nombrado vicepresidente (cargo de nueva creación), seguirán ejerciendo como jueces o juristas a la vez que ejercen su labor en este órgano. Serán solo estos seis vocales los que tengan retribución, mientras que el resto solo cobrará dietas por reuniones. La Comisión Permanente asumirá las competencias que en la actualidad se repartían una quincena de ellas. Para las asociaciones de jueces, esta decicación parcial de los vocales no permanentes supondría debilitar su capacidad de gestión "como poder independiente".

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