Alberto Ruiz-Gallardón
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (centro), junto a los miembros del Tribunal Constitucional, los portavoces de los grupos parlamentarios y los portavoces de las comisiones de Justicia de Congreso y Senado. Juan Carlos Hidalgo / EFE

Las reformas legislativas puestas en marcha por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón también están siendo examinadas muy de cerca por la Fiscalía General del Estado que ha elaborado un informe muy crítico con el anteproyecto del código penal que quiere aprobar el Gobierno y que este martes estudia el Consejo Fiscal.

Durante la reunión, que se prolongará a lo largo de todo el día, los fiscales debatirán este informe y tienen previsto pronunciarse sobre la reforma penal que está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, han informado fuentes fiscales.

Las mayores críticas al anteproyecto de ley, según recoge la Cadena Ser, se centran en la reforma de las medidas de seguridad, que "destierra los principios de duración y onerosidad" y que no pueden "desbordar el límite temporal de la pena".

El informe también critica que aumenta los delitos porque muchas faltas pasan a incluirse en el catálogo de delitos leves.

La reforma de la futura legislación penal sobre los extranjeros es calificada de 'radical'

También suscita dudas la recién introducida figura de la custodia de seguridad— durante diez años y una vez cumplida la pena, para reincidentes en delitos de especial gravedad ya que se une a delitos que no están lo suficientemente concretados y que, a juicio de la Fiscalía, es "poco compatible con una medida que supone una privación de un bien jurídico tan importante como la libertad". El informe contempla que las personas a las que se les aplicara esta medida deberían estar en un espacio diferenciado del de los internos "que estén cumpliendo pena de prisión", por lo que se debería reformar la legislación penitenciara y se debería "obligar al legislador a extremar el conjunto de garantías que sirvan de contrapeso al poder estatal".

En cuanto a la prisión permanente revisable para los delitos más graves, el informe que este martes estudia el Consejo Fiscal señala que es "susceptible de mejora" y  que en cualquier caso "el condenado debe mantener una oportunidad concreta y fundamentalmente realizable de recuperar la libertad".

La prisión permanente revisable se introduce por primera vez en la legislación española y se aplicará en los casos de homicidios terroristas, pero también en los asesinatos más graves de menores de 16 años, genocidios, magnicidios y crímenes contra la humanidad.

La prisión permanente tendrá una duración indefinida y podrá ser revisada tras un tiempo de privación de libertad, que oscilará entre 25 y 35 años en función de la gravedad de las penas.

La Fiscalía también se muestra muy crítica con la posibilidad de sustituir la pena de prisión para extranjeros por su expulsión del territorio, algo, señalan, que contraviene la normativa europea y que califican de "reforma radical".

Este informe flotará en el ambiente de la reunión que mantienen este martes las asociaciones de jueces y fiscales, la Abogacía española, sindicatos, organizaciones de consumidores y usuarios y parte del colectivo de secretarios judiciales en defensa de la Administración de Justicia.

El desacuerdo con las nuevas leyes en Justicia ha sido prácticamente unánime por parte de los colectivos profesionales que consideran que perjudican sus condiciones de trabajo pero también el servicio que se presta al ciudadano.

Diligencias contra 'El mundo'

El Consejo Fiscal, órgano de asesoramiento del fiscal general del Estado, estudiará también este martes la decisión del fiscal jefe de Cataluña de abrir diligencias contra El Mundo por la publicación del informe policial sobre Artur Mas y Jordi Pujol, que no apoyó el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce.

El pasado 22 de noviembre, el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, abrió una investigación a El Mundo, a raíz de un informe que le envió el Gobierno catalán, en el que le comunicaba la publicación de un "borrador" de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que mantiene que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, cobró comisiones de empresarios a través del Palau de la Música.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no compartió esta decisión de la Fiscalía del Cataluña, de la que no fue informado en ningún momento.