Las asociaciones de jueces y fiscales, junto con la Abogacía española, sindicatos, organizaciones de consumidores y usuarios y parte del colectivo de secretarios judiciales se han reunido este martes para celebrar un acto público conjunto en defensa de la Administración de Justicia, ante las reformas legislativas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

El desacuerdo con las nuevas leyes en Justicia ha sido prácticamente unánime por parte de los colectivos profesionales que consideran que perjudican sus condiciones de trabajo pero también el servicio que se presta al ciudadano. Por ello, han amenazado con la huelga si el Gobierno no promueve un Pacto de Estado que sustituya a las reformas de Gallardón, contra las que se han manifestado.

La Comisión Interasociactiva (que integra a todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales), los sindicatos de secretarios judiciales y de otros funcionarios, y los generalistas (UGT y CCOO), además del Consejo de Consumidores y Usuarios (que integra a once de estas organizaciones) y FACUA han suscrito un manifiesto contra las reformas de Gallardón.

Junto a ellos, también han firmado el manifiesto la Plataforma Justicia para Todos y el Consejo General de la Abogacía Española, cuyo presidente Carlos Carnicer acogió la convocatoria en la sede de su organización. "El Gobierno debería ser capaz de generar un amplio Pacto de Estado en el que participen todos los sectores implicados" y que, a partir del diálogo, revierta "el deterioro institucional" al que se ve abocado el servicio público de la Justicia, cuya mala situación se verá agravada con las reformas de Gallardón, dice el manifiesto.

El Consejo General de la Abogacía Española ha acogido este evento previo a las concentraciones convocadas para el miércoles al mediodía a las puertas de todas las sedes judiciales. Ese día, los magistrados llevarán a cabo un paro de una hora ante los juzgados y tribunales de todo el país.

"No descartamos un jornada de huelga", ha señalado Carnicer, mientras que los portavoces de las asociaciones judiciales han apuntado que ésta será segura en enero si se confirma la anunciada reforma del Consejo General del Poder Judicial, al tiempo que varios portavoces sindicales se han mostrado dispuestos a secundar las movilizaciones que se convoquen.

Aún así, en palabras de Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, "la huelga en la Justicia no es igual que en otros sectores" y un solo día de huelga en este sector, dada la situación de colapso que con frecuencia sufre, "puede llevar a que un ciudadano vea aplazado su juicio un año".

Por esta razón, la prioridad unánime de las citadas asociaciones es que, como mínimo, se rectifique la Ley de Tasas, contra la que todos se han manifestado conjuntamente, se eviten otras reformas "privatizadoras" anunciadas, como la de entregar el Registro Civil a los registradores, y se aborden proyectos como la nueva oficina judicial.

La ley de tasas judiciales eleva hasta 1.200 euros el precio por interponer un recurso de casación en lo Civil y lo Contencioso-Administrativo. Así lo explica el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Carlos Artal, que entiende que se crea una Justicia de "dos velocidades" que perjudica a la clase media.

Otras de las medidas que han provocado el rechazo de los togados es la ley que supone la práctica supresión del número de jueces sustitutos y reduce los permisos, con un consiguiente aumento de la carga de trabajo para los magistrados titulares.

Los planes de Gallardón en la Reforma del Registro Civil también ha sido criticada por sindicatos y asociaciones, como el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), que advierten de una "privatización" y denuncian que el ciudadano pagará por servicios que hasta ahora eran gratuitos.

Miembros de la Carrera Judicial, la Carrera Fiscal o secretarios judiciales también han alzado la voz contra el drama de los desahucios y han planteado la suspensión de los desalojos. La Unión Progresista de Secretarios Judiciales pide derogar la Ley Hipotecaria para aprobar una nueva norma que prevea fórmulas como la dación en pago.