Dos de los abogados de las familias de las víctimas de la fiesta del Madrid Arena, a raíz de la cual murieron cinco adolescentes, critican que la comisión de investigación del caso en el Ayuntamiento de Madrid no sirva para "casi nada".

Así lo expresaron este lunes los abogados Felipe Moreno y Gerardo Viada, representantes legales de los familiares de Rocío Oña y Katia Esteban, respectivamente.

Moreno aseguró tener una opinión "negativa" de los trabajos de la comisión que, a su entender, ha funcionado como "una cortina de humo en la que todos han ido a cubrirse los unos a los otros". "Donde hay que hacer la valoración de todas las actuaciones no es en la comisión sino en el juzgado, a través de la declaración de los responsables municipales como imputados", subrayó.

En el procedimiento judicial, según el letrado, se irá viendo que el recinto precisaba unas licencias que no estaban dadas por el Ayuntamiento de Madrid y que tanto los Bomberos como la Policía Municipal habían puesto de manifiesto la falta de adecuación de las instalaciones para organizar eventos como la fiesta de Halloween. Además, recalcó que el Samur debió recibir una comunicación del Ayuntamiento de Madrid y de la Delegación del Gobierno sobre la celebración de un evento al que iban a asistir 7.000 personas.

Para Moreno, las responsabilidades por la falta de medidas de seguridad están dividas entre el organizador del evento, las empresas de seguridad Kontrol 34 y Seguriber, el Ayuntamiento de Madrid, la Policía Municipal y la Delegación del Gobierno.

Por su parte, Gerardo Viada valoró que la comisión "nace lastrada porque la asistencia no es obligatoria y varias personas se escudan en que tienen que declarar en el juzgado para no ir a la comisión, porque se ha bloqueado la asistencia de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y porque no cuenta con la participación de IU".

El Madrid Arena, apuntó, no fue diseñado para acoger macrofiestas. Por ello, y según cree que está demostrando la investigación, "no hubo ningún tipo de control interno" y la pista central se convirtió en "una ratonera" en la que se concentró un número de personas que no podía salir por unos pasillos de tres metros de ancho.

Todo ocurrió por "un cúmulo de imprudencias" del organizador del evento, Miguel Ángel Flores, de las dos empresas de seguridad, Kontrol 34 y Seguriber, y del Ayuntamiento de Madrid, propietario del recinto, recalcó en consonancia con el abogado de Rocío Oña. "Murieron cinco niñas, pero podía haber sido una catástrofe de centenares de muertos", zanjó el abogado.