El Partido Popular ha vetado la comparecencia de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la comisión de investigación sobre la tragedia del Madrid Arena, según han denunciado los portavoces de PSOE, UPyD e IU. Asimismo, tampoco acudirían la delegada de Hacienda del ayuntamiento, Concepción Dancausa o la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid han enumerado en una comparecencia la lista de "censurados", entre ellos, funcionarios y técnicos municipales y políticos ajenos al consistorio, aunque han explicado que las excepciones serían el jefe de la Policía Local y el funcionario Carlos Viñals, hijo de Simón Viñals, exconcejal del PP y responsable de una de las empresas implicadas.

Tras la reunión de la junta de portavoces, PSOE, UPyD e IU remitirán una carta al presidente de la comisión, Pedro Corral, para que fije la relación definitiva de comparecientes, que aún no tienen, y no descartan medidas ante las intenciones del PP. El PP, por su parte, indicó que ha aceptado un 43% de las peticiones formuladas por el PSOE, un 42% de las de IU y un 27% de las de UPyD.

El PP ha defendido que Botella no acuda a la comisión por entender que no ha tomado "decisiones directas" en relación con los sucesos acaecidos el 1 de noviembre en el Madrid Arena y ha asegurado que "había dejado absolutamente abierto el camino a posibles comparecencias de funcionarios".

Estas siempre serían, según el portavoz del PP en la comisión, Enrique Núñez, después de los políticos, ya que estos deben comparecer en primer lugar porque son "los que tomaron decisiones sobre lo ocurrido en el Madrid Arena".

Otros que sí comperecerán serán "varios delegados" municipales, responsables de la empresa pública Madrid, Espacios y Congresos, y directores generales. A petición propia, acudirán el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, y la delegada madrileña de Urbanismo, Paz González.

Las desavenencias entre el grupo mayoritario y la oposición en la junta de portavoces han provocado además la suspensión del calendario de trabajo, ya que, según el presidente de la comisión, Pedro Corral, estos se han negado a cerrar y convocar la próxima sesión.

Según Corral, el PP quería plantear el traslado al próximo lunes 26 de las primeras comparecencias políticas y trasladar al jueves las previstas para ese día, las de los empresarios, cuyas notificaciones de convocatoria todavía no se han podido "sustanciar", lo que ha sido criticado por la oposición. Corral ha mostrado una "gran decepción" por la postura del PSOE, IU e UPyD.

El portavoz del PSOE, Jaime Lissavetzky, ha calificado las intenciones del PP de "desprecio a los funcionarios" y "mordaza a los que tienen cosas que decir", mientras que el portavoz de IU, Ángel Lara, ha afirmado que "se está negando sistemáticamente a fijar las reglas", la primera de ellas establecer "quién tiene que comparecer y quién no".

Para David Ortega, de UPyD, el Partido Popular "veta que a la comisión vayan a ir los funcionarios", lo que ha considerado "clave". Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Núñez, ha insistido en que los comparecientes de la comisión deben "circunscribirse" al ámbito municipal, y ha mostrado su "incredulidad" ante la postura de la oposición".

Por otro lado, el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha dicho que el Gobierno municipal de Ana Botella ha contratado un bufete de abogados para representar al Ayuntamiento en el caso Madrid Arena porque se trata de "una materia muy específica".

En rueda de prensa tras la reunión semanal del gabinete de Ana Botella, el vicealcalde ha argumentado que "es una materia muy específica, que es penal, y el Gobierno (municipal) ha creído oportuno encargar la representación del interés de los ciudadanos madrileños a un profesional que reúne estos requisitos", ha declarado.

Ha indicado que la Dirección General de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento tiene once letrados que realizan informes jurídicos pero no ejercen tareas de personación procesal y veintiséis que sí asisten a juicios pero cuya "especialidad son los procesos contenciosos y no penales. Además, ha precisado que este servicio cuenta en total con 78 personas pero entre ellas se incluye al personal administrativo y auxiliar, "que ni hacen informes jurídicos ni representación procesal".

En cuanto al amparo legal de esta contratación, que se aprobó el pasado día 16, ha dicho que la Ley de Capitalidad y la Ley Orgánica del Poder Judicial permite al Ayuntamiento designar para su representación y defensa en juicio a un colegiado ajeno a sus servicios jurídicos.

Aunque Villanueva no ha facilitado el coste de esta contratación, ha revelado que se trata de un contrato menor, lo que supone que los honorarios profesionales se encuentran limitados por el límite legal para este tipo de contratos, que es de 18.000 euros, IVA excluido. El Ayuntamiento ha hecho hincapié en que esta contratación está justificada desde un punto de vista legal y de oportunidad, además de económico.

Asimismo, fuentes municipales han indicado que en el Ayuntamiento de Madrid hay varios antecedentes, entre ellos el recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra la publicación por parte de Eurostat en abril de 2006 de los datos relativos al déficit público y deuda pública de los Estados de la zona euro, que llevó el bufete Garrigues.