La Comunidad de Madrid ha decidido modificar la normativa vigente para favorecer todo lo posible el proyecto de Eurovegas y que sus promotores paguen menos impuestos. Siguiendo la senda marcada por Esperanza Aguirre, que aseguró que se cambiarían las leyes "que hagan falta" para que el proyecto se quedase en Madrid, Ignacio González introduce modificaciones que rebajan al mínimo algunos de los impuestos que tendrán que pagar los promotores de esta área de casinos y palacios de congresos.

En concreto, el Ejecutivo regional reduce el impuesto del juego al 10% de los ingresos obtenidos por todas las empresas del sector. Hasta el momento, y en función del volúmen de ganancias, las casas de juego, bingos o casinos tenían que pagar entre el 22 y el 45%. El 10% será un tipo único para todos los operadores y entrará en vigor cuando abra el primer casino de Eurovegas.

Las ventajas fiscales, sin embargo, comenzarán desde el mismo momento de su construcción. A partir de ese día, habrá una bonificación del 9% para todas las inversiones en equipamiento. Además, Las Vegas Sands, propiedad del magnate Sheldon Adelson, se librará de abonar el 95% del impuesto de transmisiones patrimoniales y el 95% del que grava los actos jurídicos documentados. La región defiende que esta medida ya se aplicó a la Expo 92 en Sevilla.

La Comunidad justifica estas medidas en que Eurovegas es un foco de empleo y dinamización económica. De hecho, ha creado 'ad hoc' una nueva figura legal, la de los Centros Integrados de Desarrollo (CID). Se tendrán por tales los complejos que reúnan actividades vinculadas con actividades de ferias, congresos, turismo, ocio, juego y espectáculos.

Los CID se beneficiarán en exclusiva de la segunda tanda de desgravaciones (equipamiento, transmisiones y actos jurídicos). A la hora de abrir casinos, la Comunidad establece una autorización administrativa única de apertura. Además, la Comunidad no prohíbe que los menores entren en los complejos de juego (que están concebidos como hoteles-casinos-restaurantes para eludir una prohibición que sí se aplica a bingos o salas recreativas) aunque rechaza "taxativamente" que estos "participen" de esa actividad.

Por el momento, y después de la negativa rotunda del Ministerio de Sanidad, la Comunidad mantiene la prohibición de fumar en estos establecimientos, aunque Aguirre aseguró que si Las Vegas Sands lo solicitaba, "por supuesto" que cambiaría la ley.

Según explicó este jueves el presidente madrileño, Ignacio González, hay otros CID en camino, proyectos que no tendrán la misma envergadura que Eurovegas (seis casinos, 12 hoteles, un centro de convenciones y tres campos de gol, aunque la primera fase, hasta 2016, solo incluye cuatro hoteles y un casino). Las conversaciones para su implantación en Madrid ya han comenzado, aunque su presentación pública se desarrollará poco a poco.

Estas no son las únicas ayudas que han aprobado los gobiernos del PP para Eurovegas. En su proyecto de ley de reformas fiscales, el Gobierno central ha introducido como novedad que los ayuntamientos puedan aplicar descuentos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta un 95% a los edificios en los que se lleven a cabo actividades económicas. Además, se podrán aplicar deducciones hasta el mismo porcenatje a los sujetos pasivos que "desarrollen "actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración".

Las bajas de impuestos para Eurovegas recibieron este jueves el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Comunidad. Su aprobación se realizará mediante su inclusión en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (popularmente conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos), una normativa que no permite el control ni el debate parlamentario ya que se aprueba junto a las cuentas del año pasado.

En esta ley también se incluirán otras medidas como el cobro de un euro por receta a partir del uno de enero, la liberalización total del período y de la duración de las rebajas o la obligación de que los ayuntamientos sometan sus cuentas anuales al control de la Cámara de Cuentas si quieren recibir subvenciones. Además, se incluye que los consistorios puedan organizar los horarios en los locales que celebren macrofiestas en sus municipios.