El Gobierno incluirá en el anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2013, que verá la luz este jueves, una revalorización de las pensiones de un 1%. Asimismo, mantendrá la compensación por la desviación del IPC en el mes de noviembre, según fuentes gubernamentales.

Así, el anteproyecto de Ley de Presupuestos no recogerá ningún cambio normativo en la Ley General de Seguridad Social, que sería necesario para no revalorizarlas en función del IPC.

El Gobierno del PP ya subió las pensiones un 1% para este año, tras la congelación que sufrieron en 2010 con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, experimentarán también un alza del 1% en 2013, aunque los pensionistas verán aumentadas sus nóminas por encima de esa cantidad.

Y es que a ese porcentaje del 1% habrá que sumar la compensación que tendrá que abonar el Gobierno de Mariano Rajoy por la desviación de la inflación de este año y que, según las fuentes consultadas, mantendrá en los mismos términos que marca la Ley General de la Seguridad Social.  Actualmente, el IPC interanual está en el 2,7%, con lo que habría que compensar a los pensionistas por esa diferencia de 1,7 puntos.

Sin embargo, la referencia para revalorizar las pensiones es la inflación interanual de noviembre, que se conocerá dentro de un par de meses. Esa brecha podría aumentar o reducirse, aunque lo normal es que la subida del IVA presione el IPC al alza.

Cada décima de desviación de precios implica para el Gobierno un coste de unos 100 millones de euros para compensar a los pensionistas, por lo que con una inflación en noviembre del 3%, el coste se aproximaría a los 2.000 millones, a los que habría que sumar otros 2.000 millones para consolidar esa diferencia en la nómina de las pensiones.

El Gobierno tenía claro que las pensiones era la última partida a tocar y así lo ha dicho tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien hace un par de días declaró que las pensiones "se ajustarían a la subida de la vida".

Por otro lado, según El País, la partida de dependencia destinada a las comunidades autónomas se reduce en los Presupuestos en 200 millones de euros y se queda en 1.087 millones.