El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha afirmado que en "ningún momento el Consejo de Gobierno" que presidió "conoció, informó, avaló o aprobó medidas irregulares o actos ilegales" en relación al programa 31L de ayudas socio-laborales a empresas en crisis o al pago de los ERE.

Chaves, que ha comparecido en la comisión parlamentaria que investiga los ERE irregulares, ha defendido la legalidad del programa 31L y ha afirmado que "calificarlo de opaco o de fondo de reptiles es una desmesura, una falsedad y una descalificación intolerable que sólo puede derivar de una mente perversa".

Ha explicado que dicho programa respondía a una "legítima y legal acción del gobierno de la Junta" de lucha contra el desempleo y ha destacado que contaba con el aval de los empresarios y de los sindicatos y del Parlamento, aunque ha precisado que "no quiere trasladar la responsabilidad" a la Cámara autonómica.

Ha informado de que la ejecución del programa 31L era competencia de la Consejería de Empleo y, por tanto, el "Consejo de Gobierno no podía conocer, no tenía por qué conocer la gestión, el día a día de las distintas Consejerías u organismos de la Junta".

Ha expresado su confianza en la honradez y honestidad de todos los consejeros que le han acompañado durante los diecinueve años que ha ocupado la presidencia de la Junta, y ha apoyado la gestión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado en el caso ERE, en el que "confía plenamente" y lo seguirá haciendo porque mientras no se demuestre lo contrario es "inocente".

No obstante, ha admitido que ha podido haber una utilización "abusiva del procedimiento, presuntamente abusos de confianza y actos contrarios al derecho y punibles", y se ha mostrado partidario de que "sean quienes sean caiga todo el peso de la justicia sobre los que han podido cometer actos ilícitos".

"Siento el mismo dolor que han podido sentir la mayoría de andaluces con este tipo de actos, pero no pueden menoscabar ni poner en entredicho la honestidad y la honradez de toda una administración", ha apostillado.

El representante del PP Carlos Rojas incidió en las irregularidades detectadas por el informe de la Intervención, a lo que Chaves respondió que no conoció ningún informe porque "no tenía que conocerlo y no llegó al consejo" y sólo hubiera llegado en el caso de detectar menoscabo de fondos públicos o ilegalidades.

La diputada de IU Lara Doblas centró sus preguntas en las "trampas con los números" que hizo la Junta para favorecer a determinadas empresas, sobre todo de la Sierra Norte de Sevilla, y lamentó que Chaves no asumiera la responsabilidad de lo que ha pasado y en que se amparara en echar la culpa a "cuatro golfos" y en la legalidad del procedimiento porque "hubo fuego, saltaron las alarmas, pero no acudieron los bomberos porque el fuego era legal".

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, cierran este martes la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, un órgano por el que han pasado, hasta el momento, un total de 29 comparecientes.

Esta semana, además de las comparecencias de Chaves y Griñán, también han prestadod declaración el lunes la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, —en el cargo entre 1994 y 2004—, y el exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla, ambos citados durante la primera ronda de intervenciones, pero que no acudieron por distintos motivos.

Como se recordará, mientras que Alvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), no pudo acudir por tener convocada una reunión de este órgano en Luxemburgo; a De la Borbolla no se le logró localizar por parte del Parlamento, siéndole imposible a la institución notificar la convocatoria al exalcalde, imputado por la Justicia en relación al fraude de las ayudas sociolaborales.

Las comparecencias en la comisión de investigación comenzaron el pasado 21 de agosto, con las intervenciones del exdiputado del PSOE y exasesor de la Consejería de Empleo Ramón Díaz Alcaraz; del jefe de servicio de ese departamento Antonio Diz-Lois y de Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla, todos ellos imputados por la Justicia, motivo por el que se acogieron a su derecho a no responder preguntas.

Esa primera semana de comparecencias estuvo caracterizada por el hecho de que todos los comparecientes imputados, —salvo el exconsejero de Empleo Antonio Fernández—, no declararon, siendo éste también el caso del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, de los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; y del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

La primera ronda de comparecencias finalizó el 30 de agosto, tras las intervenciones de, entre otros, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Manuel Recio; el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías; los exconsejeros de Innovación Martín Soler y Francisco Vallejo; el exinterventor de la Junta Manuel Gómez; la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; o de Eduardo Zaplana, Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido como responsables del Gobierno de José María Aznar, en relación a las ayudas concedidas a la Faja Pirítica de Huelva.

Si bien, el pasado 20 de septiembre comenzaba una segunda ronda en la que estaban citados seis nuevos comparecientes: el exsindicalista de UGT y 'conseguidor' de los ERE, Juan Lanzas; los responsables de las aseguradores de Uniter y Vitalia, José González Matas y Antonio Albarracín, respectivamente, y los tres últimos directores generales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).