El Gobierno ha accedido este jueves a que la reforma financiera se tramite en el Congreso como proyecto de ley, como había pedido la oposición, lo que ha permitido su convalidación con la abstención del PSOE y CiU, que ahora intentarán introducir enmiendas al texto.

El decreto ley con la nueva reforma financiera ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados con 178 votos a favor, los del PP, Coalición Canaria y UPN; 123 abstenciones del PSOE y CiU; y el rechazo de 28 diputados del resto de las formaciones políticas. Sin embargo, la tramitación de la norma como proyecto de ley ha sido aprobada por la unanimidad de la Cámara baja.

El grupo socialista, que no descartaba hasta el último momento su rechazo, ha optado finalmente por la abstención, tal y como había anunciado el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante la disposición del Gobierno a que la norma se tramite como proyecto de ley.

Gracias a eso, el PSOE confía en poder eliminar la obligación de que el Estado tenga que vender antes de tres años su participación en las entidades bancarias rescatadas, para que así la desinversión se haga cuando sea oportuna, según fuentes del grupo socialista.

Una cláusula que serviría para garantizar que "ni un euro público se pierda", algo a lo que se ha comprometido el Gobierno, según ha explicado en rueda de prensa Rubalcaba. Además, el principal partido de la oposición tratará de incluir también alguna solución para los particulares que compraron a los bancos participaciones preferentes.

CiU, por su parte, intentará que en la tramitación parlamentaria se prohíba por ley que los gestores de entidades rescatadas cobren indemnizaciones millonarias, para evitar que directivos como Aurelio Izquierdo, de Bancaja, puedan llevarse 14 millones de euros cuando dejen su cargo.

Hasta antes de la votación, entre los grupos de la oposición, solo Coalición Canaria había mostrado su respaldo a la nueva reforma financiera por "sentido de Estado", según ha dicho la diputada Ana Oramas. A ella se ha unido en la votación el diputado de UPN, Carlos Salvador.

El real decreto convalidado este jueves en el Congreso exige a las entidades españolas aumentar sus provisiones en unos 28.000 millones para cubrir el riesgo de sus activos inmobiliarios teóricamente sanos, después de que hace tres meses se obligará a atesorar unos 54.000 millones para los activos problemáticos.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que en un mes se conocerán las necesidades de financiación de la banca española, aunque no será hasta finales de julio cuando concluya la auditoría del conjunto de las entidades.

En su intervención en el pleno del Congreso para convalidar la reforma financiera, De Guindos ha explicado que el próximo 11 de junio el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicará las conclusiones de su estudio sobre la banca española.

En esa fecha aparecerán las necesidades de capital del sector financiero español y una semana más tarde, aproximadamente, las dos consultoras contratadas por el Ministerio de Economía y el Banco de España para evaluar la banca española terminarán su labor. De ese modo, a finales de junio se conocerán las necesidades de financiación del sistema financiero, aunque las auditoras que se contratarán en breve seguirán evaluando el balance de los bancos españoles para terminar su trabajo a finales de julio.