La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de 807 millones de euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, destinada a sus futuras responsabilidades civiles y no a eludir la prisión que cumple desde el pasado 24 de abril.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la fianza a Fernández ha sido notificada a las partes y responde a la petición hecha por la Fiscalía y las acusaciones particulares, que fijaron dicha cantidad en 890 millones de euros.

La fianza es para cubrir la futura responsabilidad civil de Fernández, a quien la juez considera "artífice" del sistema de ayudas investigado, y no para eludir su ingreso en prisión comunicada y sin fianza que le impuso tras cuatro días de declaraciones, han precisado las fuentes.

La fianza impuesta a Fernández se une a la de 686 millones de euros fijada para Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo encarcelado desde el 9 de marzo.