La Fiscalía Superior de Cataluña ha designado a un fiscal coordinador para los casos de violencia callejera que se encargará de unificar criterios a la hora de abordar los procesos judiciales que deriven de disturbios como los ocurridos en Barcelona en la huelga general del 29 de marzo.

Pese a que los diferentes fiscales de Barcelona seguirán asumiendo los procedimientos, este fiscal será quien coordine las posiciones adoptadas por ellos y fije un marco común, además de que será el interlocutor con la policía catalana, según han indicado fuentes judiciales.

No se trata de un servicio de fiscalía especializado en actos vandálicos ni de un titular que asuma el grueso de este tipo de delincuencia, por lo que no tendrá el mismo rol que los otros servicios especializados que tiene la fiscalía, como la de delincuencia económica y la que actúa contra los delitos de odio y discriminación.

La Fiscalía Superior de Cataluña le designó la semana pasada, por lo que esta figura ya estará actuando de cara a la cumbre del Banco Central Europeo en la capital catalana, cuando se esperan movilizaciones y podrían producirse nuevos altercados.

El conseller de Interior, Felip Puig, ya anunció la voluntad de crear esta figura hace un mes, dentro de un plan de acción para luchar contra la guerrilla urbana tras los últimos altercados en Barcelona. Además del nombramiento de un fiscal coordinador, Puig ya ha conseguido poner en marcha la página web para delatar a vándalos, que pide colaboración ciudadana para identificar a 68 personas que presuntamente cometieron algún delito durante el 29 de marzo.

Otras medidas del plan de choque de Puig fueron las identificaciones preventivas antes de concentraciones masivas, lograr reformas de leyes fundamentales como la de reunión y la de seguridad ciudadana para incluir la prohibición de que los manifestantes vayan con la cara tapada y tengan material de riesgo.

También en el Código Penal para endurecer las penas por vandalismo y "potenciar la prisión provisional como medida cautelar", y la Ley de Enjuiciamiento Criminal modificando la tipificación de algunos delitos. Asimismo, dentro del plan contra el vandalismo, que según el Govern ha tenido un punto de inflexión tras la huelga general, Puig quiere ser más estricto con los recorridos de las manifestaciones, modificarlos por seguridad y aumentar la videovigilancia de la ciudad.