La jueza del caso de los ERE en Andalucía rechaza la petición de libertad de Guerrero

  • La magistrada Mercedes Alaya rechaza la petición de libertad del ex director general de Trabajo de la Junta.
  • Adelanta un día la declaración como imputado del exconsejero de Empleo, Juan Francisco Trujillo.
  • Guerrero lleva en prisión desde el 10 de marzo, a petición de la Fiscalía.
  • Podría ser condenado a una pena de hasta 18 años de cárcel por malversación.
El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía imputado en el caso de los ERE fraudulentos, Francisco Javier Guerrero (i), acompañado por su abogado, Fernando de Pablo, en la sede de los juzgados de Sevilla.
El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía imputado en el caso de los ERE fraudulentos, Francisco Javier Guerrero (i), acompañado por su abogado, Fernando de Pablo, en la sede de los juzgados de Sevilla.
José Manuel Vidal / EFE

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha rechazado la petición de libertad y ha confirmado el auto de prisión que dictó el pasado 10 de marzo contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, principal imputado por el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, han informado fuentes del caso.

En este sentido, y según han indicado las mismas fuentes, la jueza Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que, además de rechazar el recurso interpuesto por el abogado del ex alto cargo, adelanta del 19 al 18 de abril la declaración como imputado del exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y solicita a la Agencia Tributaria más información sobre las empresas del exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, también en prisión.

El pasado día 10 de marzo, y después de una declaración de más de 20 horas, la jueza mandó a la cárcel a Guerrero después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, que pidió el ingreso en la cárcel del imputado por el riesgo de fuga existente, la influencia que podría ejercer en otros imputados en la causa y la gravedad de los hechos, pues la posible pena que podría corresponderle únicamente por el delito continuado de malversación de caudales públicos podría ser de hasta 18 años de cárcel.

La magistrada argumentó en su momento que "es claro que, conocida en este momento la importancia de los indicios, la gravedad de los delitos que se le imputan y de las penas que llevan aparejados, no podemos obviar que existe riesgo de fuga, sobre todo teniendo en cuenta que, por la repercusión mediática del caso y por la evidente alarma social creada, Guerrero habría perdido cierto arraigo social y desde luego ha perdido su arraigo laboral, pues no ha podido reingresar a su puesto de funcionario público".

Guerrero concedió 887 ayudas

Asimismo, y en el mismo auto de prisión, la jueza concluyó que el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social concedió, "en connivencia con otros, a sabiendas de su absoluta falta de competencia" y "omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legalmente aplicable", 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas".

Tras ello, el abogado de Guerrero solicitó su puesta en libertad una vez que declarase ante la jueza su exchófer el 20 de marzo por entender que a partir de entonces "no podría presionar a nadie ni recibir presiones externas". El abogado apuntó a lo "dificultoso y prematuro" de calificar los supuestos delitos investigados y negó tanto la existencia de riesgo de fuga como las presiones "externas o directas" que pudiera haber, pues, en cuanto al riesgo de fuga, Guerrero "se haya enraizado profundamente en la ciudad de Sevilla y su entorno, y convive con su esposa y una hija de 10 años de edad, quien se encuentra escolarizada".

"Cualquier alejamiento de Sevilla de su hija le provocaría un trastorno emocional incompatible con que el padre siquiera se haga ese planteamiento", aseguró De Pablo, a lo que se suma que ha solicitado su reingreso como funcionario de la Administración Pública una vez fue suspendido temporalmente por estar imputado en estas diligencias. "Si se hubiere planteado sustraerse a la Justicia, no tendría mucho sentido solicitar su reingreso", apostilló.

"Nula" capacidad de influencia

Respecto a las supuestas presiones, el abogado argumentó que las presiones externas, "de existir, habrían podido producir sus efectos con anterioridad a su declaración en sede judicial, pero no ya en este momento", señalando que "es claro que no han existido tales presiones toda vez que el inculpado ha mencionado y nombrado en su declaración a cuantos han participado de una u otra forma en la manera de desarrollar su trabajo, con independencia del cargo o influencia que puedan tener".

En cuanto a las presiones que él pudiera ejercer, consideró que la prisión comunicada "no lograría su objetivo, dado que como bien se expone en el auto pudiera ejercerlas a través de terceros, si fuera su intención, que negamos", punto en el que hizo referencia a la "nula" capacidad de influencia que tiene el propio Guerrero.

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