La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este lunes hacer efectiva la expulsión de la carrera judicial de Baltasar Garzón, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le condenó a 11 años de inhabilitación por las escuchas del caso Gürtel.

No obstante, será el pleno del CGPJ del próximo jueves, 23 de febrero, el que confirme la expulsión de Garzón de la judicatura.

En una nota, el CGPJ recuerda que la sentencia del Supremo conlleva también la pérdida del cargo y de los honores que le son anejos, además de que le incapacita para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.

La Comisión Permanente dispone la anotación de la condena en el expediente personal de Garzón "para constancia y efectos", y la notificación de su acuerdo a la Audiencia Nacional y al Juzgado Central de Instrucción número 5, del que era titular, "para debida constancia en el libro de ceses y posesiones".

Además, la expulsión de la carrera deja sin efecto las suspensiones provisionales acordadas por el CGPJ el 14 de mayo de 2010 -por la causa que se abrió a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, aún pendiente de sentencia- y el 19 de abril de 2011 -por el caso de las escuchas del caso Gürtel, por el que ha sido condenado-.

El acuerdo adoptado también se notificará a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que dictó la sentencia condenatoria; al Ministerio de Justicia; a la Mutualidad General Judicial y al propio Garzón.

Aunque la expulsión de la carrera es efectiva desde este lunes, el acuerdo de la Permanente deberá ser ratificado por el pleno del órgano de gobierno de los jueces -que se reunirá el próximo jueves-, según lo previsto en el artículo 57 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.

La condena a Garzón por intervenir las comunicaciones que varios de los imputados en el caso Gürtel mantuvieron en prisión con sus abogados provocó duras críticas desde sectores políticos y jurídicos al Tribunal Supremo, cuyo presidente, Carlos Dívar, ha vuelto a salir hoy en defensa de este órgano.

Y es que la reunión de la Comisión Permanente en la que se ha hecho efectiva la expulsión de la carrera de Garzón ha coincidido con el acto de toma de posesión de dos nuevos magistrados de la Sala de lo Civil del Supremo durante el que Dívar ha vuelto a aludir a las críticas recibidas tras la sentencia.

"Doscientos años nos contemplan; doscientos años contemplan nuestra competencia y sabiduría, aunque a veces haya algunas voces deslegitimadoras", ha dicho el presidente del Supremo, que ha añadido que este tribunal "es supremo en su jurisdicción, en la calidad de sus resoluciones y en la categoría y honestidad de todos sus miembros".