Soto de Viñuelas en Tres Cantos
Carretera del Soto de Viñuelas, que desemboca en el paraje del Bodonal. GOOGLE MAPS

La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo se enfrentan al pago de cerca de 60 millones de euros en concepto de una indemnización a propietarios de fincas en la zona tricantina de El Tagarral, a los que se les impidió construir en sus fincas por cambios en el Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar de 1987, que a pesar de ser terrenos urbanizables, fueron calificados como no urbanizables de uso agrícola.

El suelo, considerado urbanizable y de mayor valor, pasó a ser calificado como de uso agrícolaEn concreto, el  PGOU de Colmenar de 1987 acordó reclasificar unos terrenos, el llamado Plan Bodonal, colindantes con el actual Soto de Viñuelas de Tres Cantos. Dichos terrenos eran urbanizables, ya que de hecho en ellos se contemplaba la segunda y la tercera fase previstas en la zona, y pasaron a ser calificados como Suelo No Urbanizable de protección para usos agrícolas.

Ante ese cambio, los propietarios de estos terrenos se consideraron perjudicados e iniciaron un largo proceso legal que finalizó con la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1992. Esta condenaba a la Comunidad de Madrid y a los dos Ayuntamientos (Colmenar y Tres Cantos) a indemnizar a los propietarios. Dicha cuantía quedó fijada por el Supremo en 2007 en 42,43 millones de euros más los intereses, que ahora se acerca a los 60 millones de euros, según ha confirmado el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría.

Los dos ayuntamientos son responsables, ya que aunque el PGOU objeto de la polémica es el de Colmenar, los terrenos pertenecen en la actualidad a Tres Cantos, municipio que no existía entonces y cuyos terrenos formaban parte del término municipal colmenareño.

Ejecución forzosa de la sentencia

El TSJM ha comunicado a las administraciones la ejecución forzosa de la sentencia y ha apercibido que, de no ejecutarse voluntariamente, procederá al embargo de bienes patrimoniales del Ayuntamiento y a la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales, contra los "funcionarios responsables".

Las administraciones deben pagar o arriesgarse a un embargo y a acciones penalesAnte esta situación, los ayuntamientos se enfrentan a tres opciones: pagar la sentencia entre las tres administraciones (descartada por su enorme cuantía); no hacer frente a la sentencia y que el juzgado proceda al embargo y a la apertura de un proceso en los tribunales contra los funcionarios y responsables políticos; o firmar un acuerdo entre las tres administraciones condenadas para satisfacer la demanda de los propietarios.

En definitiva, se trataría de devolver a los terrenos objeto de litigio la calificación que tenían con anterioridad al año 1987 (urbanizable), solución que menos perjudicaría a los ciudadanos y que garantizaría que los proyectos y desarrollos urbanísticos posteriores se realicen a plena satisfacción de los vecinos.

Cuatro años más de retraso

El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, ha señalado en declaraciones que le gustaría decir que hay una solución, pero que "desgraciadamente no es así". Para Santamaría, "la mejor solución es recalificar ese suelo a urbano, que ahora es rústico". No obstante, ha puntualizado que está trabajando en "otras soluciones por si no se consigue ésta".

Los ayuntamientos estudian si el suelo puede volver a declararse apto para construirPor su parte, el concejal de Urbanismo de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha querido dejar claro que "esta cantidad supone más de 1.000 euros para cada vecino", aunque ha señalado que se han mantenido distintas reuniones entre la Comunidad, los ayuntamientos y los propietarios de los terrenos "para llegar a un acuerdo" que pasa por devolver al suelo la calificación de urbanizable.

No obstante, esto no es fácil. El Ayuntamiento de Tres Cantos aprobará en el pleno "solicitar un estudio para ver las condiciones medioambientales" de la zona. Según Moreno, se tardará cuatro años en saber sus resultados pero decidirá si el suelo puede o no declarase como urbano, algo que pondría punto y final a este asunto. Mientras tanto, el concejal ha asegurado que "las tres administraciones trabajan juntas para buscar un acuerdo que evite tener que desembolsar esa cantidad".

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