Una mujer con su nieto de dos años en brazos llora después de presenciar el derribo su casa y las de sus hijos. Mientras observa los escombros, el pequeño intenta zafarse de la manta que lo envuelve. En ese momento, uno de los cincuenta policías municipales que componen el dispositivo de seguridad rompe la fila y se acerca a ambos. Después de intentar consolarles, el agente se despide con dos besos en las mejillas.

La escena tuvo lugar este miércoles en el poblado chabolista de Puerta de Hierro, donde el Ayuntamiento de Madrid desplegó un operativo para tirar cuatro de las trece infraviviendas que aguantan en pie en esta zona del distrito de Moncloa-Aravaca.

En ellas vivían tres matrimonios con doce menores de edad. Mercedes, la protagonista de la imagen, era una de ellas. Su hijo Francisco, que ya se quedó en la calle el 11 de noviembre de 2011 por una intervención similar, era el otro. El policía, conocido de ambos por asistir a otros derribos, no pudo resistirse a darles ánimos al verles perder, de nuevo, sus hogares.

El desalojo comenzó como cualquier otro. A las 7.00 horas, con el cielo apenas abierto y según el protocolo habitual, el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, en coordinación con el Área de Asuntos Sociales y la Policía Municipal, desplegó un operativo con medio centenar de agentes con equipo antidisturbios y varias palas mecánicas.

"Por orden judicial", según precisó el Consistorio, se procedía a la eliminación de "cuatro infraviviendas" construidas "ilegalmente" en el Área de Planeamiento 'Manzanares Norte', calificada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad como zona verde y suelo destinado a infraestructuras, aunque nunca se haya construido ni exista proyecto municipal para la parcela. Según los afectados, fueron siete las edificaciones que cayeron.

Alrededor de 30 personas, entre ellos una docena de niños de entre 3 y 15 años, se levantaron envueltos en mantas para asistir al penúltimo derribo desde que hace tres décadas comenzaran a instalarse las primeras familias. En sus mejores tiempos, este pequeño barrio, considerado un "foco de marginalidad" por el Ayuntamiento, albergó a más de 200 vecinos.

"Otra vez han venido de noche. Los críos ni si quiera se habían levantado", explica a 20minutos.es Agustín Gabarri, uno de los desalojados. "Ha venido 'El Rambo' [así conocen los residentes al funcionario que ya ha llevado las órdenes de derribo en otras ocasiones] y se ha escondido entre los policías. A mí no me han enseñado ningún papel", se queja.

Su casa, asegura Agustín, no era ninguna infravivienda: "Era una casa buena, con mucha chapa". En ella, vivía con su mujer, enferma crónica, y con su hijo de 25 años, con  Síndrome de Down. Había vuelto al poblado después de negarse a instalarse en una casa de la Empresa Municipal de la Vivienda que le había sido cedida pero que, afirma, ha sido destrozada por 'okupas'.  "No tenía fregadero y habían arrancado los cables. Cuido de mi mujer y mi hijo y tengo una paga de 250 euros que hace tres meses que no me dan", denuncia.

Fuentes del Consistorio admiten los daños, pero aclaran que el alquiler, una renta "adecuada a los ingresos de la familia" le había sido ofrecido a la Agustín "hace un año". Este insiste en que, con lo que cobra, no puede hacer frente a los gastos: "No podía pagarlo, así que seguí aquí. Ahora, me quedo en la calle".

Su situación se parece a la de otros miembros del poblado, donde casi todos los chabolistas son familia. "Lo más lejano es un primo", afirma Francisco, que, después de asistir al derribo de su casa el año pasado, decidió dormir en la furgoneta con su mujer y sus dos hijos antes de ser acogido por su madre. "He sido peón y he trabajado de lo que he podido, pero mi mujer y yo estamos en paro, como casi todos aquí", relata antes de asegurar que seguirán en el mismo sitio.

El desalojo de este miércoles fue documentado por miembros de la asamblea del movimiento 15-M en Moncloa-Aravaca, que habían dormido en el poblado ante la amenaza de derribos inminentes. Un portavoz señaló que ya han escrito a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, para tratar de solucionar la situación de las familias y asegurar la protección de los menores.

"El funcionario del Ayuntamiento nos ha dicho que la semana que viene vuelven y lo tiran todo, pero ya hemos interpuesto varios recursos en los tribunales porque están tirando casas de manera ilegal", concluyó. Por el momento, el Puerta de Hierro sigue aguantando.