Casinos, hoteles de lujo, restaurantes, campos de golf, centros de convenciones y teatros. Esto es lo que incluirá Euro Vegas, un complejo dedicado al ocio y al turismo que busca instalarse en el área metropolitana, cuanto más cerca del Aeropuerto del Prat, mejor. El desembarco de Las Vegas en Cataluña supondría la creación de 120.000 puestos de trabajo y la inversión de hasta 18.000 millones hasta el año 2022, por parte de una de las mayores fortunas del mundo, la del multimillonario Sheldon Adelson.

Por ahora, compiten por albergar este macrocomplejo de ocio y negocios Barcelona y Madrid. Juega a favor de la capital catalana la proximidad con la playa, los cerca de dos millones de cruceristas que visitan la ciudad cada año y el tirón turístico que va a más.

Este martes, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, confirmó que la Generalitat está negociando con la empresa Las Vegas Sands Corporation para acoger los casinos. De hecho, el conseller de Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ya se reunió con el magnate Sheldon Adelson en Las Vegas el pasado noviembre.

El proyecto tiene que salvar aún algunos escollos, ya que Adelson pretende crear una isla legal. Así, el magnate quiere que en el complejo se modifique el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Extranjería, la Ley de Horarios Comerciales, la del Juego, la de Blanqueo de Capitales y la de Enjuiciamiento Civil. Además, la compañía norteamericana quiere disfrutar de exenciones fiscales (en todos los impuestos: estatales, autonómicos y municipales).

Pero este martes, la Generalitat se opuso públicamente a crear esta isla legal. El portavoz del Govern, Francesc Homs, dejó claro que el proyecto deberá cumplir con la legalidad y que su instalación no será a cualquier precio.

En Madrid las posiciones no están tan claras. Este martes, la Comunidad reiteró la disposición del Gobierno regional a cambiar leyes para atraer a los inversores: "Va a ser un proyecto especial y tocaremos algunas normas, como por ejemplo las urbanísticas". Por el contrario, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, apuntó que "las líneas rojas se van a respetar".