Las Administraciones Públicas no podrán realizar aportaciones a los planes de pensiones o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de jubilación durante el año que viene, según consta en el Real Decreto-ley que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta prohibición del Gobierno afecta tanto a la Administración General del Estado, como a las de las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales, los órganos constitucionales, las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales.

Esta supresión de aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios (cuyo impacto no se cuantifica) se suma a la congelación del salario en 2012 y a la ampliación, de 35 horas a 37,5 horas, de la jornada de los trabajadores públicos.

El Gobierno ha justificado estas decisiones, englobadas en un paquete de medidas urgentes que supondrán un recorte del gasto de 8.900 millones de euros, en una estimación de déficit público para 2011 del 8 % del PIB, dos puntos superior a lo previsto.

Junto a este recorte de gastos, el Gobierno aprobó este viernes "un recargo temporal de solidaridad" a las rentas del trabajo y el capital en el IRPF para 2012 y 2013, una subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) también por dos años y la supresión de bonificaciones al gasóleo profesional, lo que incrementará los ingresos en 6.275 millones.