Primera vez en 30 años menos de 100 personas (78) fueron condenadas a muerte en EE UU durante 2011 (un tercio de las impuestas a mediados de la década de 1990) y se ejecutó a 43 reos, cifra significativamente más baja que las 85 ejecuciones que se llevaron a cabo en EE UU el año 2000, según el último informe de Death Penalty Informacion Center.

Además, cada vez son más las voces que se alzan en aquel país contra la aplicación de una pena que organizaciones como Amnistía Internacional califican de "homicidio premeditado y a sangre fría". El último que la ha calificado de "moralmente equivocada" ha sido el gobernador de Oregón, John Kitzhaber, que la ha suprimido en su Estado porque "no es imparcial ni justa, ni rápida ni certera. Y no es aplicada de manera igual a toda la gente".

Países como China, donde se producen más ejecuciones al año que en el resto de los países juntos, el número de ejecuciones se ha reducido a la mitad desde 2007, aunque las cifras de ejecutados sigue ascendiendo a 4.000 personas y, dadas las características de opacidad y falta de libertad del país, es difícil conocer datos exactos.

"En China no hay cifras oficiales, sabemos que se ha suprimido la pena de muerte para determinados delitos, como los fraudes financieros; delitos contra Hacienda; delitos culturales, como el contrabando de objetos de valor; también se ha erradicado para determinados robos, como el saqueo de yacimientos", aclara Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional (AI).

Esta organización se opone activamente a la pena capital, -"sea culpable o inocente el condenado"- por tres razones fundamentales, como explica De las Heras: "porque es una violación de los derechos humanos, es discriminatoria, arbitraria y no disuasoria. En muchos países, como EE UU e Irán, hay más posibilidades de que se condene a muerte a una persona econónicamente desfavorecida, o también a quien pertenezca a alguna minoría racial o étnica". El caso de Troy Davis, un hombre negro que fue ejecutado en septiembre en Georgia (EE UU), a pesar de las dudas sobre su culpabilidad, la falta de pruebas y de móvil ilustra la parcialidad e injusticia de esta condena.

Sin embargo, para AI hay motivos para albergar esperanzas de que las cosas, efectivamente, están cambiando. "Desde hace unos años, venimos viendo razones para el optimismo. En 1961, año en el que se fundó Amnistía Internacional tan solo 9 países habían abolido la pena de muerte.  En 2011, hay 140 países abolicionistas: 96 oficialmente, y 34 más que no lo practican", y prosigue De las Heras: "En EE UU (uno de los países más activos en la aplicación de la pena de muerte) se vienen dando pasos favorables. En los últimos cuatro años cuatro estados han abolido la pena de muerte: Nuevo México, Nueva Jersey, Illinois y Oregón. Ya hay 16 estados abolicionistas".

Pero sin embargo, todavía queda mucho trabajo que hacer, muchas campañas que llevar a cabo y muchos apoyos que granjearse. "Uno de los objetivos fundamentales es dar pasos en los países 'retencionistas' (que tienen la pena de muerte), con el apoyo de la comunidad internacional. En en sentido hay que dar la enhorabuena a la Asamblea General de la ONU que cada año firma una resolución sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. Se hace cada dos años y ha ido creciendo el número de países que la apoyan. En 2010 votaron a favor 109 países. Por eso es importante que la gente siga saliendo a la calle, siga firmando las campañas...".

Existen también muchos países que crean una alarma especial, los que AI llama "irreductibles", como EE UU, China e Irán.

"Irán preocupa especialmente. Aplica la pena capital al tráfico de drogas. Hasta octubre de 2011 había ejecutado a 400 personas, en público, y condena a muerte a menores de edad en el momento de cometer el delito, algo prohíbido por el derecho internacional y por los Derechos del Niño. También preocupa Bielorrusia, que es el mayor ejecutor en suelo europeo".

Una de las campañas de Amnistía que más apoyos está recabando es la destinada a salvar al japonés Iwao Hakamada, la persona que más tiempo lleva en el mundo a la espera de ejecución: 43 años.

"Hakamada ha estado la mayoría del tiemo en aislamiento, por lo que ha desarrollado una enfermedad mental, es incapaz de reconocer a su propia familia. Fue condenado en un juicio injusto. Confesó bajo coacción, tras estar 22 días detenido por la policía, las pruebas que se presentaron eran defectuosas... ", cuenta De las Heras, que destaca la especial crueldad y tortura que suponen las condenas de muerte en Japón, donde no se informa a los presos de qué día van a ser ejecutados y muchas veces las familias se enteran del fallecimiento días después de la ejecución.